La medida, que no pudo ser aprobada hoy en la reunión del Consejo, volverá a ser tratada el próximo día 22, cuando nuevamente ha sido convocado el citado órgano, según informó en rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
Hasta ahora, las comunidades tenían la potestad de incrementar el Impuesto de Matriculación en un diez por ciento y ahora el Gobierno quiere que puedan elevar esa capacidad normativa hasta el quince, para que así las comunidades puedan paliar su deuda sanitaria.
Este impuesto, que grava la compra de un automóvil, está fijado en un tipo del siete por ciento para los vehículos de gasolina con cilindrada de hasta 1.5 litros y los diesel hasta 2.0 litros; mientras que es del doce por ciento para cilindradas superiores.
La medida de incrementar la capacidad normativa es una de las tres con las que el Gobierno quiere desarrollar los acuerdos consensuados en la II Conferencia de Presidentes sobre financiación del gasto sanitario, aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 13 de septiembre.
Sin embargo, ninguna de las tres pudo ser aprobada hoy porque las comunidades del PP se negaron a votarlas.
La segunda de las propuestas del Ejecutivo se refiere a que sea el Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario el que se encargue de supervisar que el dinero adicional entregado para reducir la deuda sanitaria se destine a ese fin y no a otro.
Al respecto, Solbes informó de que las comunidades del PP se niegan a destinar ese dinero a racionalizar el gasto sanitario, lo que supone un incumplimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.
El pasado 13 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con la abstención de las comunidades del PP, la propuesta del Gobierno para paliar el déficit sanitario y que supone aportar 1.677 millones de euros anuales con cargo a los presupuestos, más los 2.700 millones de anticipos a cuenta de dos ejercicios.
Esto supondrá que las comunidades, tal y como explicó ese día Solbes, recibirán casi 4.400 millones de euros adicionales para rebajar su déficit sanitario.
Hoy, sin embargo, las comunidades del PP argumentaron que el sistema de financiación autonómica no prevé la "afectación jurídica de los fondos" y que son "autónomas" para decidir cómo van a gastar ese dinero desde el punto de vista jurídico, dijo Solbes.
Al respecto, el vicepresidente segundo precisó que de lo que se trata es de "cumplir" el acuerdo político, ya que si se ha dado un dinero para la sanidad lo que parece "bastante razonable" es que se dedique a ese fin y no a otro.
En este sentido, les advirtió de que "no sería aceptable que dentro de unos meses se nos plantee que hay problemas en el ámbito sanitario", cuando el dinero se utiliza para otros objetivos.
La tercera de las propuestas cuya votación se aplazó es la referida a que las comunidades reciban el importe íntegro cobrado por las facturas emitidas en la atención sanitaria a turistas extranjeros y que el Fondo de Cohesión Sanitaria asuma el coste de la atención en el extranjero a los asegurados en España, con cargo al incremento de dotación de 45 millones de euros.
Lo único que pudo aprobar hoy, por unanimidad, el Consejo de Política Fiscal y Financiera fueron los planes de Saneamiento presentados por Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
En los tres casos, según Solbes, se trata de comunidades que, aunque incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, tienen una situación de déficit, para cuya financiación "precisan" incrementar su endeudamiento.
jmj/prb
|
