El CPFF aplazó hasta el próximo día 22 el debate sobre la aplicación de algunas de las medidas del acuerdo sobre financiación del gasto sanitario, al oponerse las comunidades gobernadas por el PP a debatir y votar esas medidas, al haberles entregado los informes el Gobierno sólo unas horas antes de la reunión, según señalaronEn la rueda de prensa posterior al CPFF, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, destacó la aprobación de los tres planes de saneamiento presentados por Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias, comunidades que, aunque no incumplen el objetivo de estabilidad, presentan una situación de déficit, para cuya financiación precisan incrementar su endeudamiento.
La posibilidad de incrementar el Impuesto sobre Matriculaciones es una de las tres con las que el Gobierno quiere desarrollar los acuerdos consensuados en la II Conferencia de Presidentes sobre financiación del gasto sanitario, aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 13 de septiembre.
La segunda se refiere a que sea el Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario el que se encargue de supervisar que el dinero adicional entregado para reducir la deuda sanitaria se destine a ese fin y no a otro.
Solbes informó de que las comunidades del PP se niegan a destinar ese dinero a racionalizar el gasto sanitario, lo que supone un incumplimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.
El pasado 13 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con la abstención de las comunidades del PP, la propuesta del Gobierno para paliar el déficit sanitario y que supone aportar 1.677 millones de euros anuales con cargo a los Presupuestos, más los 2.700 millones de anticipos a cuenta de dos ejercicios.
Esto supondrá que las comunidades, como explicó ese día Solbes, recibirán casi 4.400 millones de euros adicionales para rebajar su déficit sanitario.
Hoy, sin embargo, las comunidades del PP argumentaron que el sistema de financiación autonómica no prevé la 'afectación jurídica de los fondos' y que son 'autónomas' para decidir cómo van a gastar ese dinero desde el punto de vista jurídico, dijo Solbes.
Precisó que de lo que se trata es de 'cumplir' el acuerdo político, ya que si se ha dado un dinero para la sanidad, parece 'bastante razonable' que se dedique a ese fin y no a otro.
Advirtió de que 'no sería aceptable que dentro de unos meses se nos plantee que hay problemas en el ámbito sanitario', cuando el dinero se utiliza para otros objetivos.
La tercera de las propuestas se refiere a que las comunidades reciban el importe íntegro cobrado por las facturas emitidas en la atención sanitaria a turistas extranjeros y que el Fondo de Cohesión Sanitaria asuma el coste de la atención en el extranjero a los asegurados en España, con cargo al incremento de dotación de 45 millones de euros.
En rueda de prensa posterior, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, aseguró que las comunidades gobernadas por el PP descartaron debatir y tomar acuerdos sobre la financiación sanitaria ante la imposibilidad de estudiar los informes presentados por el Gobierno, debido al escaso tiempo con que contaban.
Camps, al que acompañaban el resto de responsables de Economía y Hacienda de las comunidades gobernadas pro el PP -Castilla y León, Madrid, Murcia, Baleares y La Rioja-, precisó que el Gobierno de España 'hace las cosas mal', lo que 'impide que se produzcan debates y acuerdos'.
Destacó que ayer, en la reunión preparatoria del CPFF y 'a regañadientes' el Gobierno trasladó un documento sobre 'puesta en marcha de las medidas consensuadas en la II Conferencia de Presidentes', lo que consideró 'una falsedad porque no hubo medidas consensuadas'.
Añadió que esta tarde, horas antes de que empezara el Consejo y cuando los consejeros ya estaban en Madrid, les llegó un nuevo documento a sus respectivas Consejerías para debatir esta tarde y que, posteriormente, les distribuyeron 'una serie de folios sueltos que modificaba ese último documento'.
Camps insistió en que el orden del día del Consejo 'comprendía dos informes' del Ejecutivo 'sin propuesta de debate y votación', por lo que los consejeros del PP 'dijimos al Gobierno que las cosas se tienen que hacer bien'.
'Estamos jugándonos -continuó- dinero que tiene que llegar a nuestras comunidades autónomas y la responsabilidad nos impide que eso se produzca de cualquier manera, prácticamente por sorpresa, con debates breves, que es lo que pretende el Gobierno'.
Dijo que un segundo informe sobre los acuerdos adoptados por el Gobierno con las organizaciones del transporte, 'que afectan' a las autonomías, también presentado hoy, supone 'poco respeto a la lealtad institucional' del Gobierno.
Camps señaló que éste 'se sentó en una mesa a discutir con las organizaciones del transporte y acabó acordando cuestiones que inciden en la capacidad normativa y de decisión de las comunidades, sin que se nos hubiera comunicado absolutamente nada'.
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