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La organización mayoritaria de inspectores de Hacienda del Estado, la antigua Apife, criticó ayer duramente el plan de lucha contra el fraude presentado por la dirección de la Agencia Tributaria.
En un comunicado, los inspectores tachan de «irresponsable» a Hacienda por haber hecho público de manera indiscriminada el contenido del plan, «que pone en evidencia las deficiencias de la Agencia y las medidas para investigar determinados fraudes, alertando a los potenciales defraudadores sobre las vías más claras de fraude».
Asimismo, aseguran que no se trata de un plan de lucha contra el fraude, como se ha venido anunciando, sino de medidas de prevención del mismo.
En cuanto a las carencias del plan, los inspectores «garantizan que con los medios materiales actuales es imposible llevar a cabo algunas de las medidas anunciadas».
Además, critican que el plan no incluya «ni una sola medida de carácter normativo» y abogan por una ley de medidas contra el fraude que incluya entre otras propuestas una nueva regulación de la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude. En este sentido, se pide que se exija responsabilidad subsidiaria a los despachos de profesionales de asesoría fiscal e instituciones similares que colaboren con los defraudadores y que se sancionen los casos de colaboración de la banca con este tipo de contribuyentes.
Abogan, además, por la creación de un cuerpo de policía fiscal propio, y no por la colaboración con la policía como prevé el Gobierno.
En el ámbito de la nueva Ley General Tributaria, aprobada por el PP, pero que ha entrado en vigor con el mandato del Ejecutivo socialista, piden cambios en la regulación de la ingeniería fiscal, actas con acuerdo y el régimen de infracciones y sanciones.
Los inspectores de Hacienda propugnan, asimimismo, un cambio en la regulación del delito fiscal. En concreto, «proponen introducir un tipo penal orientado a corregir las conductas
de aquellos agentes que ofrezcan a terceros instrumentos de colaboración fiscal». En este sentido, consideran necesario que se sancionen los casos de colaboración de la banca con los defraudadores y se endurezcan las penas para los supuestos de fraude organizado.
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