Los inspectores de Hacienda consideran que el Gobierno debería tener mano dura con las instituciones financieras y asesores fiscales que contribuyan al fraude, para lo que quieren que se tipifiquen como delito este comportamientos. Así consta en el documento donde valoran el plan de lucha presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda, al que acusan de «irresponsabilidad» por «alertar a los potenciales defraudadores» sobre los agujeros del sistema.
Desde la organización profesional de inspectores se reclaman más medios materiales. Para financiar ese incremento proponen tomar el 18% de los ingresos de caja, y destinar la mitad de ese dinero a una «bolsa de productividad abierta». Ven «imprescindible» que todas las medidas se recojan en una ley que debería incluir la creación de una Policía Fiscal.
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