Los inspectores consideran que el plan de lucha contra el fraude fiscal recoge medidas operativas y procedimentales, así como mejoras organizativas y de coordinación, pero carece de medidas de carácter normativo.
En sentido, abogan por la redacción de una ley en la que se desarrollen una serie de reformas, como la reelaboración de la figura del delito fiscal. Así, proponen la introducción de un tipo penal orientado a corregir conductas de aquellos agentes que ofrezcan a terceros instrumentos de ocultación fiscal. En este sentido, se considera necesaria reformas que sancionen los casos de colaboración de la banca con los defraudadores y un agravamiento de las penas para los supuestos de fraude organizado.
Asimismo, los inspectores reiteran nuevamente la urgencia de la aprobación de un Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria que delimite un marco jurídico para garantizar la independencia de la Institución.
Por otra parte, también consideran necesario la reforma de algunos preceptos de la nueva Ley General Tributaria, como la ingeniería fiscal, la investigación del fraude fiscal organizado, el régimen de infracciones y sanciones, y las actas con acuerdo.
Otra reivindicación que formula este colectivo es la creación de una policía fiscal. Los inspectores desconocen los motivos por los que la creación de dicho cuerpo ha quedado reducida a la firma de un convenio de colaboración con la policía y subrayan que la creación de una policía fiscal es necesaria para ponerla al servicio de órganos de investigación, tal y como sucede en otros países.
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