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Nuevamente se habla de posibles medidas contra el fraude fiscal y esta vez son propuestas de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. El presidente de esta organización, José María Peláez, ha manifestado que no existe voluntad política para afrontar un problema que afecta al 20 por ciento del PIB ya que desde 1993 los proyecto presentados por Hacienda no se plasman en reformas normativas concretas. Peláez ha asegurado que el Plan de Prevención de Fraude Fiscal, aprobado por el Gobierno el pasado enero, ha quedado "políticamente muerto" a pesar de que el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, haya anunciado recientemente que este plan llegará al Consejo de Ministros en forma de proyecto de ley en noviembre.
Para impulsar la aprobación de medidas concretas, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado un documento en el que, además de establecer penas que conlleven el efectivo ingreso en prisión de los condenados por delito fiscal y la aplicación sistemática de la prisión preventiva en estos delitos, se proponen 50 medidas entre las que cabe destacar:
-Ganancias patrimoniales no justificadas. El informe de los inspectores destaca lo relativo a las ganancias patrimoniales no justificadas de personas físicas y empresas. El problema radica en que los grandes defraudadores adquieren con dinero negro bienes de lujo, principalmente inmuebles, pero el fraude se suele detectar cuando ya han pasado cinco o más años desde la operación que dio origen a este dinero negro por lo que Hacienda no pueden obligar a tributar ni exigir responsabilidades porque el delito ya ha prescrito. Para solucionar esto, los inspectores piden modificar la Ley General Tributaria para que las ganancias no justificadas tributen en el periodo impositivo en el que se descubran, a menos que el contribuyente demuestre que ya liquidó los correspondientes impuestos. Estas medidas se verían completadas con el aumento de cinco a ocho o diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales.
-Registro de contribuyentes morosos. Se pide también la creación de un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales, una especie de "lista negra" en la que estarían las personas y empresas que no comparecen reiteradamente en la administración a pesar de haber sido llamadas o contribuyentes que utilizan testaferros y sociedades interpuestas para defraudar. A los integrantes de este registro se les aplicaría una serie de medidas correctivas y preventivas, como la agilización de los trámites para investigar sus cuentas bancarias, un mayor plazo de prescripción de sus presuntas deudas tributarias y la prohibición de que puedan constituir más sociedades para seguir defraudando. La inscripción en este registro especial, cuyas situaciones se regularán por ley, implicaría también su inscripción directa en el registro mercantil, para dar publicidad a sus actuaciones fraudulentas.
-Endurecimiento de sanciones a entidades financieras y bufetes. Los inspectores consideran que es necesario tomar medidas concretas contra las entidades financieras y los despachos de abogados que colaboren en cometer actos fraudulentos contra la hacienda pública. Aseguran que es de conocimiento público que determinadas entidades de crédito ofrecen en ocasiones productos opacos, diseñados a partir de una combinación de testaferros y paraísos fiscales, para captar dinero negro de los clientes. Ante ello, se debería contemplar la inhabilitación de los directivos de las entidades que resulten condenados por este tipo de delitos y establecer la responsabilidad solidaria a los despachos de abogados que ayuden con técnicas de ingeniería fiscal.
-Regulación de la colaboración ciudadana. Otra propuesta es la regulación de la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude. Toda persona que participa en un fraude, como cuando no exige facturar para no pagar IVA, es responsable solidario de la infracción junto al causante principal, pero quedaría exonerado de dicha responsabilidad si comunicación la infracción a Hacienda. Peláez insistió en que no se trata "en premiar al denunciante", sino en concienciar a la ciudadanía de que tiene que colaborar en la lucha contra el fraude.
-Oficina contra el fraude. Por último, los Inspectores exigen también la formación de una Oficina contra el Fraude en tres años. Se trataría de que el actual Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) dependiente ahora del Banco de España se integre en la Agencia Tributaria a través de esta oficina, evitando así la descoordinación actual entre ambos organismos. Así, todas las competencias de la Secretaría de Estado de Hacienda en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales pasarían a la de Hacienda, junto con el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. De este modo, la Agencia Tributaria tendría el control de estas áreas más el de un cuerpo de policía fiscal formada por la Guardia Civil, Policía Nacional y la administración aduanera.
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