|
Si hacemos caso a las actas levantadas, se entiende que las Sicav deben ser, sobre todo, instrumentos que favorezcan el acceso de los pequeños ahorradores a una gestión profesionalizada de su dinero, de la mano de una entidad en la que algún gran ahorrador mantiene una parte mayoritaria del capital y controla su gestión. Además, deben respetar unos requisitos en cuanto a cantidad de socios, capital mínimo y frecuencia de cotización.
Tras las pesquisas realizadas, alguna de esas actas de la Inspección advierten que hay Sicav que no están abiertas a una pluralidad indeterminada de inversores. ‘‘Sus escasos accionistas –señala textualmente– forman parte del grupo familiar o grupos familiares mayoritarios en el capital de la sociedad, o bien son personas relacionadas con la sociedad gestora, de tal manera que no persigue como objetivo el canalizar el ahorro de una pluralidad de inversores, sino sólo el de los accionistas mayoritarios, lo que desvirtúa la función de esa entidad como auténtica institución de inversión colectiva’’.
Además, el Fisco recuerda que, como sociedades cotizadas, deben cumplir con los requisitos mínimos de frecuencia y volumen de contratación. El problema es que se encontraron muchos casos en los que el accionista mayoritario controla, de forma directa o indirecta, el 99% del capital de la Sicav, y el restante uno por ciento corresponde a los minoritarios, los conocidos como ‘‘mariachis’’. Algunas de estas Sicav justificaban esa captación pública de capital con la realización de aplicaciones, operaciones de compraventa pactadas de antemano a un precio que no es el real de mercado, algo que, a su entender, roza la donación, dado que se hace, normalmente entre personas conocidas o de la misma familia. Según la conclusión de la Inspección, el uso de este tipo de operaciones ‘‘pone de manifiesto la inexistencia de una oferta real de acciones dirigida al público en general, permitiéndose entrar en el accionariado únicamente a las personas o entidades que decide el grupo mayoritario’’.
A pesar del varapalo sufrido en el Congreso, desde la Organización Profesional de Inspectores del Estado, que preside José María Peláez, se seguirá presionando en el Senado y en el resto de las instituciones para intentar frenar la modificación normativa introducida que, según ellos, supone una verdadera amnistía fiscal para las grandes fortunas. Se advierte que, al cierre de 2003, unas 375 Sicav no cumplían con el número mínimo de cien accionistas; y en 2004, no llegaban al patrimonio mínimo exigido de 2,4 millones de euros unas 489 sociedades.
|
