Los inspectores fiscales admiten que, con la
normativa introducida en el Congreso, se les quita toda capacidad de actuar contra estas sociedades, en
las que invierten las grandes fortunas, sin que la CNMVles otorgue el visto bueno previo.
|
Las sociedades que utilizan las grandes fortunas para canalizar sus inversiones con una fiscalidad reducida al 1%, conocidas como Sicav, han logrado romper el cerco que el Fisco les tenía impuesto. Los inspectores de Hacienda realizaron más de 300 requerimientos e información y levantaron casi medio centenar de actas contra la mayoría de esas instituciones y sus titulares, por entender que no cumplían con todos los requisitos necesarios para ser consideradas como ‘‘de inversión colectiva’’ y gozar de un tipo superreducido en el Impuesto de Sociedades. El problema es que las pesquisas de los inspectores contradecían la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la entidad encargada de registrar las Sicav como tales, una vez comprobadas todas sus condiciones.
El enfrentamiento institucional entre los inspectores y la CNMV ha sido resuelto en el Congreso de los Diputados con una enmienda a la Ley de Medidas de Apoyo a la Productividad, apoyada prácticamente por todas las fuerzas políticas del país, que otorga a la CNMV toda la potestad para controlar y decidir sobre cualquier proceso o inspección que la Agencia Tributaria o sus inspectores quieran abrir contra las Sicav. A pesar de que no se admite de forma literal el carácter retroactivo de la norma, los propios inspectores fiscales admiten que será muy difícil que se mantengan las actas abiertas.
Revocación o suspensión
La norma establece que sólo puede retirar la tributación especial al 1% si la CNMV decide la ‘‘revocación o suspensión’’ de la Sicav por no cumplir los requisitos establecidos. La cuestión está en que para determinar esos requisitos sobre las Sicav constituidas hasta 2003 (que son las inspeccionadas), la normativa es de 1984. Y establece que para revocar una Sicav ‘‘hay que poner en gravísimo peligro o lesionar muy gravemente los intereses de los inversores’’. Con esta base legal, ante un proceso sancionador abierto contra alguna de las Sicav, se aplicará siempre la ley más favorable. En este caso, esa norma es la última adoptada que da todos los poderes a la CNMV sobre las actuaciones de la Administración tributaria y flexibiliza las condiciones para que las Sicav sean entendidas como ‘‘verdaderas’’ entidades de inversión colectiva, que es lo que los inspectores ponen en duda.
Los principales despachos de asesores fiscales están preparando los recursos correspondientes para los procesos y las actas de inspección que hay levantadas.
Su objetivo es paralizarlas antes de agotar los plazos y que lleguen a un juez, que decidirá según la ley más favorable y, con toda seguridad, se remitirá a lo que diga la CNMV sobre su condición como Sicav. Es más, si los inspectores (siempre independientes en sus actuaciones) persisten en ir contra alguna de estas sociedades de inversión y logran el visto bueno para ello de su inspector jefe y del Tribunal Económico Administrativo, es muy probable que recaigan sobre ellos demandas de prevaricación, por entender que están siguiendo un proceso y aplicando una norma a sabiendas de que, según lo aprobado en el Congreso, es injusta.
Indefensión jurídica
La propia Agencia Tributaria advirtió que los inspectores fiscales, que realizan su trabajo de forma siempre independiente, no son el cuerpo ni la entidad idóneos para decidir si las Sicav son o no instituciones de inversión colectiva. Ese era el argumento central de todos los asesores fiscales que, de una forma u otra, tienen que defender del Fisco a sus clientes con Sicav. Si la CNMV les dio el visto bueno en su día como tales, el planteamiento de los inspectores generaba una situación de inseguridad e indefensión jurídica muy amplia sobre este colectivo de inversores.
Así lo han entendido también las fuerzas políticas que aprobaron en el Congreso la enmienda presentada por CiU, pactada, finalmente, con el PSOE y apoyada por PP y PNV. ‘‘La cuestión está ahora en manos de la CNMV, que tendrá que cumplir su función con toda responsabilidad, hacer un seguimiento más cercano de las Sicav y denunciar ante la Agencia Tributaria los casos en los que la inspección deba intervenir’’, explica el peneuvista Pedro Azpiazu. Para el portavoz del PP Vicente Martínez Pujalte, ‘‘nunca hubo un conflicto fiscal, porque el Fisco no tenía nada que decir sobre los requisitos necesarios para ser Sicav, eso es algo que sólo compete a la CNMV’’.
|
