Así lo indicó a EFE el presidente de la Asociación Profesional de Inspectores Fiscales (Apife), José María Peláez, quien apoyó las acciones de la Agencia Tributaria para evitar que las grandes fortunas utilicen este tipo de sociedades como medio de obtener ventajas fiscales.
Tras los expedientes abiertos contra cientos de SICAV en 2004, los titulares de estas sociedades han recibido en las últimas semanas una notificación de la Agencia Tributaria en la que les priva de estos beneficios fiscales y les obliga a pagar una tributación del 35 por ciento y no del 1 por ciento como hasta ahora.
Frente a estos expedientes, las sociedades argumentan que debe ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y no Hacienda el organismo que diga si cumplen o no con los requisitos de IIC.
Sin embargo, el presidente de Apife indicó hoy a EFE que, tanto si tributan o no como IIC, 'no es un problema de competencias' entre ambos organismos, y advirtió de una posible ampliación de número de sociedades investigadas, 'independientemente de quién esté detrás o del volumen gestionado'.
Si se demuestra que 'una gran mayoría' de las SICAV, uno de los vehículos más utilizados por las grandes fortunas para gestionar su patrimonio y sus inversiones, no cumplen con los requisitos de una IIC (número de inversores, frecuencia de cotización y patrimonio mínimo), 'se debería ampliar el censo de sociedades investigadas', apostilló.
Estas sociedades han gozado tradicionalmente de una tributación especial, ya que están consideradas como Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), al igual que los fondos de inversión.
Según la ley que regula estos instrumentos, que entró en vigor en 2003, las SICAV están sometidas a un impuesto de sociedades de sólo el 1 por ciento siempre que cumplan determinados requisitos, como contar con un mínimo de cien accionistas.
Según señalan los expertos, el problema es que las sociedades de inversión están compuestas normalmente por un pequeño número de personas que aportan la gran mayoría del capital y que, para llegar al centenar de accionistas exigido legalmente, se incluyen como partícipes incluso a trabajadores de las gestoras que administran dichas SICAV (conocidos popularmente como mariachis).
Varios inspectores de hacienda consultados por EFE explicaron que en el Plan de Control tributario presentado en 2003 y 2004 figuraban estas sociedades como objetivo de las inspecciones, pero no así en el de 2005, donde se hablaba más concretamente de sectores que debían ser inspeccionados como el inmobiliario.
Sin embargo, los inspectores de Hacienda creen que la CNMV debería hacer un informe específico para cada uno de los casos en el que se pronuncie sobre si son IIC y, en el caso de no cumplir las condiciones, se levantaría el acta para que tributen sin beneficios fiscales.
Fuentes de la Agencia Tributaria, que no quisieron dar ningún detalle sobre las actuaciones de investigación abiertas, recordaron que esta institución ya incluyó en los planes de control de los dos últimos años, incluido 2005, a las instituciones de inversión colectiva (IIC).
Además, las citadas fuentes indicaron que su obligación es 'comprobar si (estas sociedades) tributan correctamente y conforme a las condiciones de la Ley General Tributaria', en lo que se refiere a beneficios fiscales y deducciones.
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