La propuesta de financiación autonómica presentada ayer por la Generalitat catalana provocó un conato de terremoto en
el Gobierno y en las filas parlamentarias del PSOE, donde hasta ahora se trabajaba en un escenario de negociación sin
traumas que descansaría en la fluida relación que mantienen el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el consejero de
Economía de Cataluña, Antoni Castells.
En síntesis, la propuesta catalana establece la recaudación de todos los impuestos y la cesión al Estado de, como máximo,
la mitad de los ingresos procedentes del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y los impuestos especiales. La Generalitat
reclama la capacidad normativa sobre todos ellos para fijar el tipo efectivo de cada tributo y la creación de una agencia
tributaria propia que actúe en coordinación con la del Estado. Con el modelo vigente, la Agencia Tributaria estatal
recauda todos estos tributos y traspasa a la Generalitat el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos
especiales.
El nuevo modelo descansa sobre la premisa de que es necesario reducir el déficit fiscal que estaría soportando Cataluña
para poder situarlo en un plazo en 15 años al nivel de los regímenes forales. Los datos de la Generalitat, que toman como
referencia el año 2001, apuntan a un déficit fiscal de 9.266 millones, el 7,5% del PIB.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, emplazó ayer a las fuerzas políticas catalanas a actuar con
'determinación, rigor y diálogo' y a 'no pecar de exceso ni de falta de ambición', si bien admitió que la propuesta de
financiación supone un punto de partida para la negociación.
En todo caso, la polémica se le abre al Ejecutivo central en un momento delicado, a pocas semanas del debate del estado
de la nación, cuando la situación postelectoral en el País Vasco no ha superado todavía la etapa de mero tanteo para
formar Gobierno y cuando se esperan noticias más o menos inminentes de ETA. Un ministro reconocía ayer en el Congreso
que tal y como ha sido formulada la propuesta desde la Generalitat supone 'munición gratuita' para el PP, en una coyuntura
en la que Mariano Rajoy hace recaer la columna vertebral de la oposición en el supuesto caos territorial al que habrían
conducido las exigencias de los socios que apoyan a Zapatero, particularmente las de ERC.
Desde que se conocieron a primera hora de la mañana los perfiles de la propuesta de financiación catalana, a través del
diario El País, se dieron instrucciones desde La Moncloa para que las respuestas oficiales vinieran, exclusivamente,
del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Este último aprovechó su presencia en el Congreso para protagonizar una
comparecencia relámpago ante los periodistas en la que supeditó la resultante final del modelo de financiación catalán
a la que se establezca 'para el conjunto del Estado'. 'Obviamente', dijo, 'el modelo de financiación autonómica del
conjunto del país es algo que decide el conjunto del país'. Una hora después, José Luis Rodríguez Zapatero subrayaba
la misma idea desde La Moncloa, donde ofreció una rueda de prensa junto al primer ministro irlandés, Bertie Ahern. El
presidente reconoció la legitimidad de los gobiernos autonómicos para defender las fórmulas de financiación que crean
oportunas, pero advirtió de que es una cuestión que corresponde decidirla al conjunto del país.
En la intención del Gobierno figura evitar la mezcla de las reformas estatutarias que tendrían que empezar a llegar al
Congreso de los Diputados en otoño, empezando por la catalana, con el nuevo modelo de financiación, en contraste con
los intereses expuestos en más de una ocasión por el tripartito catalán, que considera imprescindible incorporar al
nuevo Estatuto los perfiles financieros en los que se moverá Cataluña en el futuro.
En fase de borrador
Fuentes gubernamentales consideran que este es un debate prematuro, dado que la reforma estatutaria catalana no ha
superado siquiera la fase de primer borrador. La reciente crisis del Carmel ha llevado a CiU a distanciarse de este
trabajo, lo que hace temer al PSC, ERC e Iniciativa por Cataluña, las tres fuerzas que componen el tripartito, serias
dificultades para sacar adelante la reforma. Consciente de que pugna por el mismo espacio electoral que ERC y que,
además, dispone de capacidad de veto sobre el texto que se someta a votación en el Parlamento regional, CiU se ha
impuesto como estrategia subir el listón de la reforma, de forma que ésta tenga muchas posibilidades de embarrancar
en Cataluña, o bien en Madrid. El líder de Convergencia, Artur Mas, advirtió ayer al tripartito que para alcanzar un
acuerdo sobre el modelo de financiación, se tendrá que 'mover al alza'.
El paso dado por esta última comunidad volvió a agitar las aguas del debate, salpicando no sólo a las comunidades
gobernadas por el PP, sino también a las que controla el PSOE. Todas asumen que el acuerdo debe pasar por el Consejo
de Política Fiscal, donde toman asiento los 17 territorios, pero algunas, especialmente las gobernadas por el PP,
apuestan por tomar a Cataluña como referente de sus ambiciones. 'Lo que el Estado le conceda a Cataluña debe dárselo
también a Baleares', advirtió la vicepresidenta del Gobierno regional, Rosa Estarás.
La Agencia Tributaria, en la mira
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda es contraria a todo modelo autonómico que, como el que propone
la Generalitat catalana, suponga disgregar las actuales funciones de la Agencia Tributaria.
Su tesis pasa por una única agencia, controlada por el Parlamento en vez de por el Gobierno, 'para evitar la politización
actual', según José María Peláez, presidente de la asociación. 'Eso no quiere decir que no se deba potenciar la
representación de las comunidades autónomas en los actuales órganos de gestión y dirección de la agencia estatal',
según indican las mismas fuentes.
Otro colectivo integrado en la Agencia Tributaria, los subinspectores o técnicos financieros del Ministerio de
Hacienda (Gestha) apuestan por un modelo consorcial y más descentralizado que el actual, informa Bernardo Díaz.
Se trataría de conformar una agencia en la que tengan cabida '17 agencias regionales además de la estatal, que permita
la gestión consorciada de los impuestos estatales, locales, cedidos y los propios de las comunidades'.
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