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La propuesta de financiación autonómica presentada por el PSC y sus socios del tripartito pretende implantar en Cataluña
un sistema equiparable al cupo vasco en un periodo de quince años y, además, hacerlo a través del Estatuto. Sin embargo,
tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como el vicepresidente, Pedro Solbes, han advertido de que cualquier
propuesta de financiación autonómica debe ser acordada por el conjunto de las regiones y aplicable a todas ellas. De ahí
que el marco para negociarla sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no el Estatuto, como pretende la Generalitat.
Se trata sólo de un primer borrador y no cabe duda de que tanto el Ejecutivo catalán como el Gobierno central irán
cediendo terreno conforme avance la negociación. De hecho, el propio Pasqual Maragall admite que la propuesta de recaudar
en Cataluña todos los impuestos supone, sencillamente, un punto de partida para la negociación. Pero es importante que
en este proceso se respete la premisa de que no habrá más sistemas de financiación 'a la carta'.
El tripartito asegura que su propuesta emula el modelo federalista alemán e incluye también un mecanismo de solidaridad
entre regiones. Olvida mencionar, sin embargo, que los länder germanos se rigen por un sistema de financiación común.
Es decir, que no existen länder de primera y segunda división en lo que a financiación se refiere.
En Alemania existe también una fuerte conciencia regional. Sin embargo, a diferencia de España, dicha conciencia no
está teñida de tintes nacionalistas. Ello permite que cada año se produzcan largas y encarnizadas disputas por el reparto
de fondos entre las regiones, sin que el debate se vea sesgado permanentemente por otro tipo de tensiones no estrictamente
financieras.
Las disputas de financiación entre regiones no sólo son inevitables sino que, además, resultan saludables. Porque ningún
modelo debería considerarse como perfecto e inamovible. El cupo vasco es malo porque resulta absolutamente insolidario.
Pero la solidaridad infinita e ilimitada con las regiones menos desarrolladas tampoco puede servir como referente. En
este punto, Maragall tiene razón. Sin embargo, que Cataluña reclame ahora compensaciones por el supuesto déficit de
inversiones en esta región durante los últimos años resulta tan inconcebible como que Andalucía o Extremadura reclamen
compensaciones eternas por las décadas de abandono absoluto sufridas durante la autarquía franquista.
El futuro pasa por una modulación progresiva del mecanismo de financiación que permita a todas las regiones gozar cada
vez de mayor autonomía financiera, al tiempo que se garantiza un nivel de inversiones y servicios básicos en todas y
cada una de las comunidades autónomas. Un modelo que debe debatirse y aplicarse de manera colectiva, y no con la
negociación vis a vis que reclama ahora Cataluña, y que mañana podrán pedir otras. De ahí que sea fundamental que el
marco para esta negociación sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no los respectivos estatutos de autonomía.
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