El Gobierno, aconsejado por expertos,
pretende dar un importante giro en la forma de retribuir a los funcionarios y al personal laboral, de
forma que los complementos salariales por cumplimiento de objetivos pesen más que la antigüedad. Los
expertos también piden que el funcionario sea 'evaluado' periódicamente y se le retiren los pluses por
objetivos si no los cumple.
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El Gobierno pretende que con la reforma que prepara de las Administraciones Públicas 'se dejen de hacer chistes sobre
funcionarios', según dijo ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras presentar el documento sobre
la reforma del sector público que han elaborado un grupo de expertos designados por el Ministerio.
El informe pretende ser la base del futuro Estatuto Básico del Empleado Público, un proyecto que ha pasado, sin éxito,
por los cajones de todos los Gobiernos desde hace más de 20 años.
Este estatuto, que Sevilla quiere llevar al Congreso antes de que finalice este año, supondrá una reforma del funcionamiento
de 2,3 millones de funcionarios y de personal laboral así como de sus retribuciones, para mejorar la productividad del
sector público y que los mejores profesionales no se vayan al sector privado. El texto final será consensuado con
sindicatos e incluso con el PP.
El cambio principal en el modelo retributivo consistirá en crear una 'cesta' de retribuciones variables ligadas al
cumplimiento de determinados objetivos (que fijará cada Administración, ya sea Central, autonómica o local o incluso
cada sector). La idea que proponen al Gobierno los autores del informe es que estos complementos por cumplimiento de
objetivos tengan mucho más peso en la retribución final que otros complementos como la antigüedad o el complemento de
destino.
Según los últimos datos disponibles de 2003, la antigüedad supone en la Administración Central alrededor del 7% de la
masa salarial y los complementos por productividad ligeramente por encima de este porcentaje. Pero además, ahora, los
incentivos a la productividad no son reales, sino que se reparten de forma lineal.
Este cambio del modelo deberá ir acompañado de un duro sistema de control que han denominado 'evaluación del desempeño'.
Consistiría en que de forma periódica, que podrían ser seis meses, un año o dos como mucho, 'se evaluaran los méritos, el
rendimiento, la dedicación y el cumplimiento de objetivos', según explicó ayer el catedrático Miguel Sánchez Morón,
presidente de la comisión de expertos. Si el resultado de dicha evaluación fuera negativo, plantean la posibilidad de
degradar al funcionario y retirarle los pluses que reciba por desempeñar ese puesto.
Tanto Sevilla como los expertos insistieron en que el futuro Estatuto Básico del Empleado Público incluirá unos
principios 'mínimos' que luego tendrán que desarrollar normativamente las administraciones autonómicas y locales. 'La
Administración Central tendrá que sujetarse un poquito en la determinación de lo mínimo y no tener miedo a la diversidad:
no pasa nada porque las carreras profesionales sean diferentes en cada comunidad', dijo Sevilla.
Tribunales de oposición sin presencia sindical
Otra de las claves para reformar el sector público a juicio de los expertos es cambiar en profundidad los sistemas de
acceso a un empleo público. El informe presentado ayer propone que la composición de los tribunales de las oposiciones
'estén compuestos exclusivamente por técnicos para ofrecer máximas garantías de imparcialidad', con lo que pretenden
dejar fuera a los sindicatos y otros representantes sociales o políticos. Asimismo se persigue que las pruebas se
adapten más al puesto que se deberá desempeñar. Los expertos proponen también impedir por ley la prolongación irregular
de interinidades y contratos temporales para atajar las elevadas tasas de temporalidad. Además, sugieren que en los
despidos improcedentes del personal laboral, la Administración siempre readmita al empleado en lugar de indemnizarle.
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