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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

13 de Abril de 2005    


Cinco Días (13-4-2005)    / Cinco Días (13-4-2005)

El plan para crear viviendas protegidas de 30 metros desata la polémica

Raquel Díaz Guijarro / MADRID

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, avanzó ayer que la Sociedad Pública de Alquiler cobrará a los inquilinos el equivalente a dos meses de renta en concepto de fianza y gastos de gestión. Trujillo defendió el plan para promover VPO de 30 metros, que ha sido acogido con críticas por asociaciones de usuarios y promotores.


La ministra confirmó que el objetivo de la nueva sociedad es autofinanciarse, por lo que con los recursos que obtenga deberá hacer frente a los gastos que genere la contratación de seguros de impago, multirriesgo y asistencia jurídica.

Tal y como adelantó Cinco Días, además del presupuesto público y los honorarios que cobrará a los inquilinos, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) detraerá una parte de la renta del propietario (un 20% como máximo) para poder hacer frente a su labor de intermediación.

Entre los servicios que ofrecerá la agencia a los propietarios, además de garantizarles el cobro de la renta, se encuentra un seguro de asistencia jurídica y el pago de las costas procesales, en caso de desahucio. 'El propietario sólo deberá firmar la conformidad de la acción legal, si ésta hubiera que ejercerla, ya que será la nueva sociedad la que se encargará de toda la burocracia', explicó.

Asimismo, Trujillo confirmó que las ayudas que ya contempla el Plan de Choque al arrendamiento de viviendas podrán sumarse al servicio prestado por la agencia.

Es decir, que los propietarios que se hayan acogido a la ayuda de 6.000 euros para reformar su casa podrán poner ésta a disposición de la SPA y los inquilinos con menos ingresos podrán acceder a una vivienda de la agencia pública y además recibir del Ministerio una subvención de hasta 240 euros mensuales.

 
La Sociedad Pública pagará al propietario la asistencia jurídica y el coste procesal en caso de desahucio

 
La ministra tuvo que responder ayer de la fuerte polémica suscitada ante la posibilidad de incluir en la normativa actual un nuevo tipo de vivienda protegida de sólo 25 ó 30 metros cuadrados. El plan fue criticado duramente por la Organización de Consumidores y Usuarios y por la Asociación de Promotores Constructores de España. Sin embargo, arquitectos y cooperativas se mostraron a favor.

La ministra respondió a los críticos afirmando que se trata sólo de un proyecto en fase de estudio y que 'la dignidad no se mide en metros cuadrados', sino en que la vivienda sea adecuada para las necesidades de esos ciudadanos'. En cualquier caso, Trujillo descartó que estos cambios vayan a ser incluidos en el nuevo plan de vivienda, que ya tiene prácticamente ultimado.

Los metros de la discordia

La iniciativa lanzada por la ministra de promover viviendas de 25 o 30 metros cuadrados ha abierto un agrio debate sobre si con esa superficie se puede hablar de casas dignas o no. Pero, ¿qué dice la legislación sobre el tamaño mínimo que debe tener una vivienda?

Fuentes del Ministerio explicaron ayer a este periódico que aún están en vigor dos reglamentos de 1968 y 1978 que, aunque no establecen superficies mínimas para los inmuebles, sí apuntan unas medidas orientativas sin distinguir entre pisos protegidos o de renta libre.

El reglamento de 1968 habla de las magnitudes que deberían tener las distintas 'estancias' de las viviendas y establece en 14 metros cuadrados el tamaño idóneo de los dormitorios.

'El problema es que varios años más tarde esa competencia fue transferida a las comunidades autónomas y nadie ha caído en la cuenta que esos reglamentos deberían estar hoy derogados', explican las mismas fuentes.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) asegura que, en lo que se refiere a a vivienda protegida, la normativa más exhaustiva que existe es la contenida en los planes de vivienda.

Tanto el plan elaborado en la última legislatura del PP, todavía hoy vigente, como los planes regionales independientes con que cuentan ya numerosas comunidades establecen sólo las superficies máximas, nunca las mínimas. 'Las dos únicas condiciones que importan para que una vivienda, nueva o usada, sea calificada como protegida es el tamaño o superficie y el precio, porque en cuanto a la memoria de calidades o equipamientos hoy en día una VPO cuenta con los mismos que una vivienda de renta libre promedio', asegura un portavoz de una promotora.

Francisco Álvarez Cascos estableció en el plan actual un máximo de 90 metros cuadrados, ampliable a 120 metros para familias numerosas.

Si el equipo de Trujillo decide finalmente introducir esta nueva tipología de casas, los expertos consultados sostienen que bastaría con su inclusión en el próximo plan cuatrienal de vivienda, cuya aprobación está prevista para los próximos meses.

Por su parte, la Comunidad de Madrid contempla distintas tipologías de pisos de promoción pública, de los que los más pequeños son los integrantes del plan de vivienda joven, de 70 metros cuadrados, y los más grandes pueden llegar a alcanzar los 150 metros.

Pero también los ayuntamientos tienen potestad para decidir, al abordar su planeamiento urbanístico, a partir de qué superficie un inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. El municipio de Barcelona tiene establecida esa cifra en los 40 metros cuadrados, mientras que el Consistorio de Madrid ha estipulado un mínimo de 38 metros.



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