Solbes indicó, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que se trata una de las sugerencias incorporadas al Plan de Prevención del Fraude Fiscal, presentado ayer y que entrará en vigor de manera inmediata, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan de Control de Tributario de 2005 de la Agencia Tributaria para el año 2005.

También dentro del sector inmobiliario, el ministro indicó que el plan contempla un análisis sobre la necesidad de establecer valores de referencia acerca de los precios de compra-venta de los inmuebles, y señaló que, con la actual capacidad técnica de la Dirección General del Catastro, ya es posible fijar dichos valores de una manera bastante aproximada a la realidad del mercado.

No obstante, admitió que se trata de un tema "muy complejo" y que, por tanto, es preciso discutirlo con otras administraciones --ya se ha creado un grupo de trabajo con las CC.AA.-- para ver qué sistema se puede acordar que fije de forma conveniente los valores de referencia, e incluso habló de la posibilidad de elevar esta propuesta a rango de ley por su importancia.

Asimismo, indicó que se realizarán "pruebas piloto" de seguimiento de promociones urbanísticas y de comprobación conjunta a los promotores y los compradores, así como identificar 'in situ' las viviendas y locales no declarados y las sociedades interpuestas de titulares de inmuebles, al tiempo que se pretende mejorar el control sobre contratistas y subcontratistas.

Lo que finalmente no se ha incluido en el Plan, según explicó Solbes, es la necesidad de inscribir en el registro de la propiedad los documentos privados y pagos anticipados en relación a la compra-venta de viviendas, al considerar que existen "fórmulas alternativas" para estrechar el control de estas actividades.

No habrá policía fiscal

El ministro indicó que también se ha renunciado a crear una Policía Fiscal, aunque se colaborará con el Ministerio del Interior y de Justicia para que parte de sus funcionarios colaboren con Hacienda en la detección del fraude fiscal.

En cuanto a las tramas de fraude en el IVA, el titular de Economía subrayó que se establecerá una estrategia única que implique a todas las áreas de la Agencia y se aprobarán protocolos de actuación.

También se van a llevar a cabo "controles preventivos" para acceder al Registro de Operadores Intracomunitarios y se van a promover acuerdos de entendimiento con sectores empresariales afectados por tramas de fraude para conseguir una mayor colaboración social.

Para mejorar el control de los grandes contribuyentes, Solbes destacó que se creará la Delegación Central de Inspección --lo que obligará a redefinir la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF)--, con el fin de controlar mejor a aquellos contribuyentes con un nivel de facturación de más de 60 millones de euros, tanto en temas de inspección aduanera como en pago de impuestos.

Pese a la inclusión de esta medida para las grandes fortunas, el ministro indicó que el Gobierno no contempla ninguna actuación específica para controlar la creación ficticia de sociedades anónimas (que tributan por el Impuesto de Sociedades con un tipo máximo del 35%), con el objetivo de evitar la tributación por el IRPF, con un tipo marginal máximo del 45%.

Acercar tipos máximos a sociedades e IRPF

En este sentido, afirmó que, a pesar de que Hacienda no ha detectado "problemas específicos" en esta materia, es preciso ir "aproximando" los tipos máximos de ambos impuestos para evitar estas actuaciones fraudulentas, por lo que subrayó que hacia esta dirección "es hacia donde hay que avanzar".

Dentro de las medidas organizativas que se aplicarán de manera inmediata, la medición de los resultados de la Agencia se realizará por el número de actuaciones y su complejidad y no por la deuda liquidada como hasta ahora, aunque se seguirá manteniendo esa información, al tiempo que se llevará a cabo la actuación coordinada y simultánea de inspección y recaudación para asegurar el cobro de las deudas.

Economía sumergida

Otras medidas de aplicación inmediata se refieren a actuaciones contra la economía sumergida y la falsificación de marcas. En este punto, Solbes admitió que, dado el carácter oculto de la economía sumergida, la Agencia Tributaria deberá fijarse en otros datos indicativos de fraude, como el número de billetes de gran tamaño en circulación.

Al mismo tiempo, se potenciará la investigación sobre el terreno de residencias y patrimonios relacionados con el narcotráfico, la mejor definición de quiénes son los administradores de hecho de ciertas empresas y la puesta en marca de un portal de educación tributaria en internet.

En cuanto a la posibilidad apuntada de establecer retenciones sobre las facturas de los contribuyentes en módulos, Solbes señaló que, de momento, se mantendrá el sistema actual, pero afirmó que después del verano se aprobará una Ley de Medidas para la Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, que recogerá ésta y otras propuestas para cuya entrada en vigor son precisos cambios normativos.

En el apartado de obligaciones formales y atendiendo a algunas de las casi 550 sugerencias recibidas, se elaborará un inventario sobre la información de la que dispone la Agencia Tributaria y los canales por los que la obtiene, con el objetivo establecer sólo la obligación de suministrar datos si realmente se observa alguna carencia fundamental que no pueda obtenerse por otra vía, antes las quejas de la enorme exigencia de obligaciones formales.

Medidas cautelares para asegurar el cobro

Finalmente, el titular de Economía destacó que el plan, que se revisará de forma anual para incorporar las novedades que se consideren oportunas, responde al convencimiento del Gobierno de que el fraude fiscal perjudica a toda la sociedad, e intenta cambiar la orientación de las actuaciones inspectoras hacia la investigación y el descubrimiento de las rentas no declaradas.

"Se harán más actuaciones de control y más próximas al momento del hecho imponible y se reforzarán las medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda descubierta", concluyó Solbes, tras indicar, ante las críticas de falta de recursos para llevar a cabo el plan, que pedirá "el máximo esfuerzo" a la Agencia Tributaria para que aproveche mejor los recursos de los que dispone.