El Gobierno pondrá en marcha a partir de la próxima semana su plan de prevención del fraude fiscal. Detectar las irregularidades en el sector inmobiliario y las tramas de fraude en el IVA serán dos de sus prioridades, anunció el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
La principal novedad respecto al texto presentado hace dos meses es el refuerzo de la vigilancia fiscal sobre los alquileres de pisos. Sin embargo, por «problemas jurídicos», se deberá rebajar el control que se pretendía establecer en las compraventas de inmuebles entre particulares.
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PRINCIPALES
MEDIDAS
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En
materia de vivienda
Escritura:
Será obligatorio consignar en las escrituras inmobiliarias
el medio de pago (metálico, talón,...), y la referencia
catastral en los contratos.
Sociedades: Se establecerá una renta estimada para
las sociedades interpuestas (patrimoniales), con inmuebles
por encima de un valor determinado.
Administradores: Derivación de responsabilidad
fiscal a los administradores de hecho de una sociedad,
además de a los titulares formales de la misma.
En relación con el IVA
Empresas :
Vigilancia continuada de 'sociedades durmientes' (tramas
IVA).
Cuentas: Limitar e impedir traslados artificiales
de gastos o ingresos entre sociedades del mismo grupo
(sobre todo, si alguna no es residente).
Ventas: Seguimiento de exportaciones sospechosas
por volumen o destino.
Falsificaciones: Mayor control de la economía sumergida
y la falsificación de marcas.
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El plan elaborado por la Agencia Tributaria fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros,
en línea con los plazos marcados por Pedro Solbes. Fue él quien confirmó que el Ejecutivo ha renunciado a establecer la policía fiscal que había planteado en un principio, y que en realidad ya estaba prevista desde 1991. Su posible creación había provocado tensiones competenciales con Interior.
Registro
Otro de los puntos a los que ha tenido que renunciar el Ministerio de Economía y Hacienda es la inscripción, en el Registro de la Propiedad, de los documentos privados que se firmen en la compraventa de inmuebles.
Frente a esos 'recortes' en el texto inicial, el plan definitivo incluye otras medidas para controlar más el fraude inmobiliario -incluidas las casas que, en teoría, están 'vacías'-, junto a las ya conocidas de identificar 'in situ' viviendas y locales no declarados, y sociedades interpuestas como titulares.
El otro gran foco de atención serán las tramas de fraude en el IVA, donde se establecerá una estrategia «única» de actuación.
Respecto a las grandes fortunas, Solbes anunció que no habrá medidas especiales de control, al no ver «un problema específico», pese a reconocer un uso extendido de sociedades interpuestas, «absolutamente legales», que les permiten reducir los impuestos que les correspondería pagar.
Quedan aplazadas, hasta la aprobación en otoño de un proyecto de ley específico para prevenir el fraude fiscal, aquellas medidas que deben ir acompañadas de cambios normativos. Un ejemplo de ello es la tributación por módulos, donde se quiere incluir una retención sobre los pagos entre determinados tipos de empresarios y profesionales, hasta comprobar la veracidad de aquellos. Por el contrario, las medidas de carácter organizativo se aplicarán «de forma inmediata», como la nueva medición de los resultados de la Agencia, que se hará por el número de actuaciones y su complejidad y no por la deuda liquidada.
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