El último Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que modifica el Plan
de Vivienda 2002-2005 e incluye medidas para impulsar el alquiler y estimular la promoción de
viviendas protegidas (VPO), anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega. Entre las medidas destaca el aumento del precio de la vivienda protegida
del 4% cuya finalidad es que las constructoras se decanten por este tipo de obras al ser más
rentables. Un aumento que para el sector es aún escaso, según manifestaban ayer algunas
empresas del sector.
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El Real Decreto eleva el precio básico de la vivienda protegida y establece ayudas para los propietarios
que alquilen sus viviendas y para los inquilinos con menores ingresos, en especial para los menores de 35 años.
Además, las ayudas concedidas a la promoción de viviendas para alquiler se extiende ahora a la compra de
inmuebles para ese mismo fin. La norma aprobada ayer, que se suma al Plan de Medidas Urgentes en materia de
Vivienda y Suelo, modifica el Real Decreto 1/2002, en el que se recogía el Plan de Vivienda 2002-2005.
Fernández de la Vega señaló, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los objetivos
del Real Decreto son "impulsar el mercado de alquiler, estimular la promoción de nuevas viviendas protegidas
y la adquisición protegida de otras ya existentes, y mejorar el control y la transparencia de la adjudicación
de viviendas protegidas".
El precio básico de la vivienda protegida subirá un 4% con carácter general, aunque el incremento podrá
ser superior en los municipios con mayores tensiones de precios.
En los municipios con más población -grupos 0 y A- se contemplan subidas adicionales del 5,56 y el 10,71%,
respectivamente.
Ayudas al alquiler
En el capítulo de alquiler, el sistema de financiación cualificada que se aplicaba a la promoción de nuevas
viviendas para arrendamiento se extiende ahora a la adquisición de viviendas ya existentes para alquiler.
El Real Decreto contempla ayudas a los inquilinos para reducir el porcentaje de ingresos que se dedica al
alquiler y acercarlo al 30%.
La medida va destinada, preferentemente, a los jóvenes menores de 35 años con unos ingresos ponderados
inferiores a 15.792 euros, aunque las Comunidades Autónomas podrán ampliar las ayudas a otros colectivos.
La cifra de referencia varía en función de la ciudad o de los miembros de la unidad familiar de acuerdo
con los coeficientes que establezcan los responsables autonómicos.
La ayuda máxima será del 40% de la renta anual, con un tope de 2.880 euros al año y un alquiler máximo del
7%. El Real Decreto establece también ayudas de hasta 6.000 euros para que los propietarios de viviendas
que quieran alquilarlas las preparen y suscriban seguros contra desperfectos y posibles impagos.
Críticas del PP
El Partido Popular, por su parte, considera que las ayudas son peores que las que facilitan algunas
comunidades autónomas, como la de Galicia. El portavoz de Vivienda de los populares, Pablo Matos, explicó
que el hecho de que las ayudas aprobadas por el Ejecutivo sólo se ofrezcan a quienes cuenten con ingresos
inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sólo durante dos años, dejará fuera de
la ayuda a importantes colectivos.
Asimismo, Matos criticó el hecho de que el plan de choque otorgue importantes ayudas directas e indirectas
a los empresarios para comprar viviendas de segunda mano para alquilarlas en vez de facilitar subvenciones
más potentes a los jóvenes menores de 35 años que quieren acceder a un piso.
Además, el portavoz del PP en materia de vivienda mostró su sorpresa por que el plan "no haga mención
alguna ni contemple ninguna medida sobre suelo, cuando todos los agentes del sector coinciden es que el
principal obstáculo a que no se construya un mayor número de viviendas de protección oficial (VPO)".
Nueva estructura
Por otra parte, el Consejo aprobó la estructura orgánica básica del nuevo Ministerio de Vivienda, que
supone "el reflejo de la apuesta del Gobierno por desarrollar políticas activas de vivienda y suelo que
den respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos".
Las competencias atribuidas al nuevo Ministerio son la propuesta y ejecución de la política del Gobierno
en materia de acceso a la vivienda, sea en régimen de propiedad o de alquiler, edificación, urbanismo,
suelo y arquitectura, así como la planificación y programación de las correspondientes inversiones relativas
a estas materias. |