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El presidente de la asociación profesional de inspectores de hacienda, Ignacio Fadón, en un artículo publicado en el diario El Mundo el pasado 29 de marzo abogaba “por una Agencia Tributaria independiente del poder político”, “una Agencia profesional e independiente” en la que su presidente “de un perfil técnico sin ataduras políticas”, “en definitiva, un inspector de hacienda”, “permitirá realmente crear un organismo tributario justo, ecuánime y efectivo”. Este presidente, según él, sería la garantía de la participación “de una vez por todas de los profesionales de la inspección deseosos de dar lo mejor de sí mismos en todos aquellos aspectos (legislación, regulación, objetivos, cambios operativos, etc.) que afectan de forma directa a la actividad de la propia Agencia y de sus profesionales”
El presidente de los inspectores, tratando de posicionar al Cuerpo que representa ante los nuevos Administradores del Poder salidos de las urnas ofrece a los socialistas un pacto: ustedes fíjennos los objetivos y dejen que nosotros gestionemos los recursos humanos y materiales para conseguirlos. Este pacto tendría las debidas garantías siempre que el nuevo presidente perteneciera a su Cuerpo. Pero el señor Fadón parece olvidar que casi la práctica totalidad de los presidentes que ha tenido la Agencia, incluido el actual, han sido, y son, miembros de ese Cuerpo y que el pacto que preconiza se ha venido sucediendo, gobierno tras gobierno, desde el momento mismo en que fue creada la Agencia Tributaria. El desgajamiento de ésta, con su “capacidad autoorganizativa” propia respecto del régimen estatutario general de la Administración Pública Estatal supuso, de facto, la entrega de la gestión de los ingresos tributarios estatales al Cuerpo de Inspectores. Con ello, la situación a la que se ha llegado no ha podido ser más desastrosa: de los 550.000 millones de pesetas anuales que, aproximadamente, genera el Servicio de Inspección en documentos cobratorios solo termina ingresándose en caja el 10%; es decir, tanto el Departamento de Inspección como el de Recaudación son inoperantes. Y el otro gran departamento, el de Gestión Tributaria, sólo se ocupa del pequeño o mal informado contribuyente. El único mérito que cabe atribuir a la Agencia Tributaria es el de la suficiencia financiera que en estos momentos permite cubrir la parte de los ingresos de los Presupuestos del Estado. Eso sí, con las aportaciones del pequeño contribuyente; fundamentalmente, el que obtiene rendimientos del trabajo. Por otra parte, el fraude fiscal ha sido evaluado recientemente por el Banco de España en el 23% anual del PIB. Finalmente, la política de recursos humanos que se ha practicado, y se practica, en la Agencia Tributaria, sobre la base de su capacidad autoorganizativa, ha dejado a esta hecha un solar. Así, hemos asistido al nacimiento de una cultura laboral dual que se caracteriza por: diferencias retributivas abismales entre el cuerpo de inspectores y el resto de los funcionarios que no se dan en ninguna otra Administración Pública española, ocultación de las funciones que realizan los funcionarios de menor nivel y sobrevaloración de las correspondientes a los inspectores para justificar sus retribuciones, reparto de enormes cantidades de dinero en concepto de productividad, con destino principal al cuerpo superior, por la vía de hecho (mientras que la productividad representa el 3,7% de la masa salarial en la Administración Pública Estatal en la Agencia se eleva el 10,47%), la implantación de políticas tendentes al logro de conductas de sumisión del personal, desarrollo de carreras administrativas inexistentes (se pasa de nivel a nivel haciendo siempre el mismo trabajo), desmotivación, judicialización de las relaciones profesionales, situaciones de acoso laboral, etc. En la base de la política de recursos humanos de la Agencia han primado, y priman, criterios de poder del cuerpo de inspectores sobre los deseables en toda organización sana de racionalidad a la hora de elaborar las carreras profesionales y señalar los criterios retributivos.
Puede decirse que sobre la situación de la Agencia Tributaria se ha hecho una brillante labor de marketing: han mostrado al contribuyente español una organización moderna y eficiente, una apetecible y hermosa nuez, que no era, y es, más que pura apariencia, una cáscara resplandeciente, podrida por dentro.
Tal vez las soluciones a los problemas de la Agencia Tributaria fueron tratados el pasado mes de octubre por el presidente del sindicato de los pilotos, SEPLA, por el de los controladores aéreos, USCA y por el propio Fadón en el último congreso de APIFE, la asociación profesional de los inspectores, en que los dos primeros acudieron como flamantes invitados.
La gestión de la Agencia Tributaria por parte del Cuerpo de Inspectores no es la solución, sino el problema. Los miembros del cuerpo de inspectores, como los de otros colectivos de la Agencia, han sido formados para realizar trabajos de gestión tributaria. Dejemos que sea el Ejecutivo el que nos suministre a los gestores de los recursos humanos y nos diseñe la política tributaria más adecuada, incluidas las reformas que estime pertinentes. Ellos han sido señalados por los votantes como los responsables de esas tareas, no otros. Esperemos que en la nueva etapa que se inicia en la Agencia Tributaria se impongan la justicia y la razón, y se ponga fin al feroz corporativismo que venimos padeciendo.
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