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Tras las recientes elecciones legislativas, los inspectores de Hacienda del Estado confiamos en que no se desperdicie la oportunidad de plantear un drástico cambio en la concepción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), redireccionándola hacia lo que siempre debió ser, una agencia profesional e independiente del poder político, capaz de alcanzar el fin último para el que este organismo fué creado: la lucha contra el verdadero fraude fiscal.
La única alternativa viable, todos la conocemos, pasa por dotar de un adecuado marco jurídico a la Agencia Tributaria, posibilitando que su máximo responsable, el presidente, disponga de un perfil técnico sin ataduras políticas, que tenga las manos libres para actuar con la máxima eficiencia gestora posible, desde el conocimiento más profundo del trabajo a desarrollar en la AEAT, liberado de vínculos y de compromisos de poder.
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La única alternativa viable es que el presidente no tenga ataduras políticas
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Con la llegada del nuevo Gobierno es seguro que se nombrará un nuevo secretario de Estado de Hacienda, figura que ostenta, hasta ahora de modo automático, la presidencia de la Agencia Tributaria. La historia, nuestra historia, de la mano de los tres últimos presidentes con los que hemos trabajado ha sido, cuando menos, cuestionable. No resulta difícil observar en la actuación de algunos de ellos una cierta colusión entre intereses públicos y privados, lo que viene a contextualizar los insuficientes resultados alcanzados en la lucha contra el fraude fiscal más grave (paraisos fiscales, Simcav, etc.) pese a la fuerte campaña propagandística desarrollada, utilizando cifras extraordinarias de resultados difícilmente demostrables y menos aún contrastables.
Hace ya varios años, los inspectores de Hacienda del Estado lanzaron una llamada de alerta sobre la instrumentalización de la Administración Tributaria, utilizada como arma arrojadiza en el terreno político, por mor de la infundada denuncia de la prescripción de expedientes fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas que de forma tan entusiasta impulsó el entonces presidente de la AEAT.
Quien, a continuación, recogió su testigo al mando de la AEAT tuvo que presentar su dimisión al verse involucrado en una gravísima estafa en la que los componentes fiscales, incluida la utilización de paraisos fiscales para la colocación de dinero negro, según reflejó la prensa en agosto de 2001, presentaban una relevancia evidente.
Es público que el actual presidente de la Agencia Tributaria trabajó como asesor de un gran banco español interviniendo en el diseño de los aspectos fiscales de unas operaciones que estan siendo objeto de investigación judicial por parte de la Audiencia Nacional.
Aún quedando por conocer los resultados definitivos que se deriven de la actuación penal y administrativa en marcha en relación a este último caso, es indudable que la conexión política entre ministerio y Agencia Tributaria no ha hecho sino impedir una actuación independiente y profesional.
Sólo la decisión firme y consecuente de designar un máximo responsable de la Agencia Tributaria de entre los numerosos y magníficos profesionales que integran esta casa, totalmente independiente del poder político y de los intereses privados, en definitiva, un inspector de Hacienda del Estado en activo, libre por tanto de ataduras en el sector privado, permitirá realmente crear un organismo tributario justo, ecuánime y efectivo. Asimismo, la entrada en escena de un presidente designado dentro de la propia Agencia debería potenciar, de una vez por todas, la participación inmediata y activa de los profesionales de la inspección deseosos de dar lo mejor de si mismos en todos aquellos aspectos (legislación, regulación, objetivos, cambios operativos, etc.) que afectan de forma directa a la actividad de la propia Agencia y de sus profesionales.
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Es público que el actual responsable de la AEAT trabajó como asesor de un gran banco
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Todo ello será posible mediante la aprobación de un estatuto orgánico para la Agencia Tributaria, algo que está pendiente desde hace más de 10 años, que contenga un marco jurídico que garantice la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario.
Sólo la voluntad dialogante, la independencia política y la participación profesional de los inspectores de Hacienda del Estado, permitirá desarrollar una política fiscal sin tan graves desigualdades.
Ignacio Fadón, presidente de Apife (Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado).
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