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El subsecretario del Ministerio de Hacienda, Francisco Uría, anunció ayer que el Gobierno aprobará este viernes el nuevo anteproyecto de Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que contempla un uso más racional de
los inmuebles públicos y la mayor coordinación entre los diferentes organismos para la gestión del patrimonio del Estado. Uría señaló, en un encuentro con periodistas, que la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero del 2004 tras su tramitación parlamentaria, mejora los mecanismos de información y de coordinación entre las distintas administraciones públicas para la gestión de los inmuebles del Estado, racionaliza el uso de estos bienes y agiliza su gestión mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
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Esta norma, que viene a sustituir a la anterior Ley de Patrimonio del Estado de 1964, contempla la creación de una Comisión Interministerial de Patrimonio, presidida por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, para coordinar las decisiones en materia de enejenación o intercambio de bienes, así como la constitución de una Conferencia Sectorial de Política Patrimonial, que reúna a las comunidades autónomas para mejorar también el intercambio de información en esta materia.
De esta manera, las administraciones públicas evitan salir al mercado a adquirir o vender inmuebles, en la medida en que la mayor información entre los diferentes organismos públicos posibilitará el intercambio, la venta o el traspaso de edificios entre administraciones, con la consiguiente reducción de los precios de los inmuebles en el mercado.
Igualmente, el mayor intercambio de información entre las administraciones públicas permitirá al Estado mejorar el inventario de los más de 40.000 inmuebles que posee, sobre todo ante un proceso cada vez mayor de descentralización administrativa y la proliferación de regímenes especiales de gestión patrimonial, como Renfe, Aena o Correos, que atesoran un importante número de inmuebles.
Además de mejorar el diálogo entre administraciones, Uría indicó que otro de los objetivos principales de la ley es gestionar de un modo más racional el uso del patrimonio del Estado. En este sentido, afirmó que la intención de Hacienda es reducir los inmuebles que ocupa en régimen de alquiler, que están en torno al 3% en Madrid y al 15% en el resto de España, mediante la adquisición de estos bienes, al objeto de reducir el gasto corriente.
Otras de las novedades de la ley es que se permite al Estado subastar bienes sujetos a litigio judicial, pero sólo en el caso en que el recurso no se refiera a quién ostenta la propiedad del inmueble sino a otras cuestiones de menor importancia, como aspectos procedimentales. Uría señaló que esta novedad se debe a que Hacienda ha detectado que, en ciertos casos concretos, se recurre a la subasta para retrasarla. |
