El Estado prepara una gran operación de compraventa de inmuebles para reordenar sus oficinas, recortar el gasto público y liberar suelo en el centro de las ciudades, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 2 de febrero. La fecha de la entrada en vigor de esta ley será el próximo 1 de enero. Y el texto encargado de llevar a cabo esta transformación, la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que previsiblemente entrará en el Consejo de Ministros este viernes.
"En estos momentos existen edificios públicos en el centro de las ciudades en los que sólo tienen utilidad real la primera y la cuarta planta; el resto se encuenra vacío". Esta realidad, descrita ayer por el subsecretario de Hacienda, Francisco Uría, ha provocado que la nueva ley plantee como una prioridad inmediata el examen de los 40.000 inmuebles en manos de la Dirección General del Patrimonio. Hacienda analizará igualmente el resto de inmuebles que poseen otros organismos públicos como Renfe o el Gestor de Infraestructuras Públicas.
Tras el examen de sus inmuebles, el Estado reagrupará sus oficinas en los edificios calificados como patrimonio histórico, limitando la presencia en el centro de las ciudades a las oficinas destinadas a la atención al público.
Eliminación de alquileres
La segunda premisa básica "sera la eliminación al máximo del número de inmuebles en alquiler, que en estos momentos suponen una media del 10% de la cartera patrimonial total" de las Administaciones Públicas, señaló ayer Uría.
"La primera reacción de esta ley será por lo tanto la de comprar inmuebles", en los que se reubicarán las instalaciones que salgan de los alquileres anulados, aclaró Uría. Para las oficinas en las que no haya una justificación evidente de su necesidad de permanecer en el centro urbano, estas compras se realizarán en las afueras, "donde el metro cuadrado, lógicamente es más barato", aseguró el subsecretario de Hacienda.
Pero, a partir de los dos primeros años el proceso de invertirá: los edificios desocupados pasarán a la agenda de ventas. Y la prioridad será la de destinar a vivienda protegida (VPO) los edificios que, por sus características sean susceptibles de convertirse en pisos sociales. La venta, en este caso, se realizará con un precio por metro cuadrado fijado, es decir, a través del sistema de concurso, con el objetivo de poner en el mercado suelo barato.El habitual método de subasta, que permite pujar al alza por el precio, se reservará para el resto de inmuebles que salgan a la venta, los que no permitan albergar VPOs. En este grupo se encontrarán locales que se vendan a empresas o fincas rústicas principalmente.
Entre el resto de novedades de la ley figura la conexión que existirá, por primera vez, entre el patrimonio del Estado y el del resto de Administraciones Públicas (autonomías y ayuntamientos), con lo que la utilización y la reordenación de los inmuebles se analizará teniendo en cuenta las necesidades de todo el aparato público.
Fuentes de Hacienda añaden que, al margen de estas mejoras, una de las principales herramientas con las que trabajarán los responsables de Patrimonio en su labor de reorganización será la agilización de los trámites de venta y compra, de inmuebles, de forma que las operaciones se puedan realizar de inmediato.
"Nos faltaban instrumentos de coordinación para llevar a cabo eficazmente estas operaciones y eso había dado como resultado la mala utilización de un buen número de edificios", aclaran desde el ministerio de Hacienda.
Abaratar la factura pública
"El resultado final a medio y largo plazo del nuevo plan de reordenación del patrimonio público será el de un sensible abaratamiento del coste provocado por los inmuebles", aclaró ayer Hacienda. El ministerio destacó que el fuerte proceso de descentralización de la Administración hacia las autonomías y los ayuntamientos había provocado "situaciones claras de coste injustificado a causa de edificios a medio compartir y alquileres de elevado coste por su céntrica ubicación". "En el momento de hacer la transferencia de las competencias hacia los poderes territoriales se han estado trasladando, a la vez que la función concreta, el edificio en el que se desempeñaba por el Estado. El resultado es que quedaba gente sin ubicación que se alojaba de inmediato en inmuebles de alquiler". Esta práctica, generalizada en las comunidades que más competencias han asumido ha llevado a que el volumen de alquileres en las autonomías periféricas se haya situado por encima de un 15% de los edificios totales utilizados.La dualidad administrativa generada por el traspaso de competencias también ha influido. Las autonomías han pasado de 545.000 empleados públicos en 1995, a más de un millón en 2002. Por su parte, los municipios han disparado un 30% sus equipos en este periodo, con lo que han pasado de 394.000 a 512.000, cifra prácticamente igual al número total de asalariados de la administración central en 1995 (ver EXPANSIÓN del 25 de noviembre pasado. Tan sólo el Estado central redujo sus empleados, pero muy por debajo de lo que hubiese sido lógico para el traslado de competencias efectuado: si en 1995 contaba con 595.000 trabajadores, siete años después esta cifra quedaba en 511.000. El incremento global de empleados públicos, unido a la descordinación y falta de agilidad para reubicar a sus empleados ha propiciado la necesidad de esta nueva ley que abarate los costes del patrimonio.
Los inmuebles que se destienen a vivienda protegida se venderán a precio fijo
La ley afectará al patrimonio del Estado, autonomías y ayuntamientos.
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