El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó el miércoles en el Congreso que con la nueva Ley General Tributaria "se crearán figuras que sustituyan el conflicto fiscal por la conciliación". La comisión de expertos que prepara la reforma de la Ley General Tributaria ha puesto sobre la mesa un sistema de transacción según el cual un órgano colegiado de tres inspectores podrá negociar con el contribuyente los criterios de interpretación de las leyes que dan lugar al acta.

Fuentes conocedoras de la propuesta aseguran que "en ningún caso se negociarán actas de inspección derivadas de una conducta fraudulenta o en las que se detecte dolo por parte del contribuyente. Los defensores del sistema subrayan también que el objeto de negociación no será la cuantía de las deudas, sino los criterios de aplicación de las leyes, aunque de éstos depende siempre la cuota que pagar a Hacienda. "Hay muchas cuestiones subjetivas en una inspección, como el valor de mercado de un bien o la residencia efectiva del contribuyente, que se puede negociar", dicen.

Para diseñar este procedimiento, la comisión de expertos ha tomado como referencia el modelo de conciliación y arbitraje que funciona en Italia, aunque fuentes próximas al secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, afirman que "el sistema español será más ambicioso que el italiano". Los miembros de la comisión que prepara la nueva Ley General Tributaria han tenido oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona el arbitraje en la inspección tributaria italiana después de que el propio Giménez-Reyna reuniera en Madrid a algunos de sus responsables.

Italia permite que los inspectores negocien con el contribuyente la aplicación de las leyes tributarias a su caso concreto y, para evitar sospechas sobre sus acuerdos, tanto las propuestas del contribuyente como las del inspector han de plasmarse por escrito, y el pacto final debe ser aprobado por el superior jerárquico del inspector actuario. Si esta primera negociación concluye sin acuerdo, el sistema italiano ofrece aún una segunda oportunidad para no acudir a los tribunales: un acto de conciliación ante un organismo de arbitraje, similar a los centros de mediación y arbitraje que hay en España para conflictos laborales.

La implantación de un sistema de arbitraje para deudas tributarias de menor cuantía ya fue reclamada hace meses por el defensor del contribuyente, F. Javier Lasarte, que participa en la comisión de reforma de la Ley General Tributaria.