25/11/2013 - 08:55 Adolfo Lorente

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

España tiene un problema. Bueno, varios, pero sobre todo uno relacionado con su sistema tributario, con el engranaje de una sala de máquinas obligada a captar dinero para cubrir un techo de gasto cifrado en 133.259 millones para 2014. Savia nueva para nutrir unos Presupuestos que no convencen a la Comisión Europea por los «riesgos» que existen de no alcanzar el déficit del 5,8% respecto al Producto Interior Bruto (PIB) fijado para el próximo año, clave de bóveda de la ortodoxia económica comunitaria. Dudas que surgen de la recaudación tributaria o de la previsión de ingresos de la lucha contra el fraude, «demasiado optimista» para los eurócratas del equipo del vicepresidente económico, Olli Rehn. España asegura que cumplirá, Bruselas no lo tiene tan claro.

Las diferencias son salvables pero, en líneas generales, una idea domina el debate: el modelo fiscal no funciona. Así, sin ambages. Lo dicen las cifras, ese enemigo implacable para todo político. Y es que España apenas recauda impuestos por valor del 37,1% de su PIB, un 9,2% menos que la media de la Eurozona. Unos guarismos similares a los países del Este y muy lejos de su condición de cuarta potencia de la moneda única. Lo hace, además, teniendo la fiscalidad más elevada de la Unión en lo relacionado, por ejemplo, al IRPF.

España tiene una presión fiscal similar a Bélgica, Dinamarca o Finlandia, pero recauda menos que Malta, Chipre o Estonia. Y si se abre el abanico comparativo a los Veintiocho, España se codea con Suecia en tener los tipos más altos y, sin embargo, lo hace con Bulgaria, Rumania y Lituania para evitar ser el que menos ingresa. En una coyuntura en la que tanto se habla de productividad y eficiencia, Eurostat (la oficina estadística comunitaria) evidencia que la Hacienda tributaria no sabe recaudar... o es muy ineficaz en ello. Y sin los suficientes ingresos, cumplir con el ineludible déficit es una quimera.

Advertencia de Bruselas

La última andanada encajada por el Gabinete Rajoy con remite de Bruselas tiene sello de nuevo cuño. En esta ocasión, la «invitación» a actuar se refiere a los Presupuestos de 2014. En octubre, y por primera vez, el Ejecutivo comunitario recibió y analizó al detalle las propuestas realizadas por los estados miembros antes de ser aprobados por los respectivos parlamentos nacionales.

Su conclusión no es vinculante, sólo orienta. Un socio no está obligado a modificar sus cuentas nacionales, pero cuando se habla de Bruselas la palabra 'invitar' toma prestada una nueva acepción en el diccionario: 'presionar sutilmente a un Estado socio a tomar medidas para corregir sus desequilibrios, sobre todo si está bajo un expediente por déficit excesivo'. Es decir, como España.

El examen, el primero de estas lides que realiza el Ejecutivo presidido por José Manuel Durao Barroso, concluyó con cinco amenazas de suspenso: Italia, Luxemburgo, Finlandia, Malta y España. En nuestro caso, se justificaba por el «riesgo» de incumplir el sacrosanto déficit, fijado para el 5,8% en 2014 pero cuantificado en el 5,9% por la Comisión si no se modifican unos Presupuestos que ya están en el Senado. Apenas una «marginal» décima de diferencia -1.000 millones- surgida de las previsiones de crecimiento. Así lo apuntó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que intentó a toda costa restar trascendencia a la polémica insistiendo en que es «sólo» una estimación distinta de PIB. Si Madrid ve el 0,7%, Bruselas no pasa del 0,5%.

El discurso político puede edulcorarse, pero al fin y al cabo son matemáticas. Si hay que ajustar 7.000 millones en 2014 (pasar del 6,5% al 5,8%) y otros 16.000 en 2015 (pasar del 5,8% al 4,2%), hay dos alternativas: recortar gasto o subir impuestos. Una opción, la segunda, que no cuenta con el plácet ni del comisario Olli Rehn ni del presidente del Banco Central, Mario Draghi, que ya han advertido de que no hay más margen para subir la presión fiscal. Los trabajadores, las pymes, los autónomos... Una clase media asfixiada ha dicho basta. También la dirección del PP, que fía buena parte de su éxito electoral de 2015 a una bajada de impuestos que deberá contar con el visto bueno de Bruselas.

El próximo también será el año de esa «gran reforma fiscal» anunciada para la primavera por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un giro de 180 grados con el que el gabinete de Mariano Rajoy pretende disipar las inquietudes de la Dirección comunitaria de Economía y Asuntos Monetarios. «Claro que quedan grandes reformas pendientes:_la financiación local, la autonómica, la fiscal... Nuestros objetivos son los suyos. No cabe relax alguno», recalcaba el titular del área una hora después de conocer el enésimo aviso a navegantes lanzado desde la Comisión Europea hace una semana.

Subidas sin efectos

La misión es de aúpa. De hecho, en julio, el Consejo de Ministros nombró una comisión de sabios liderada por el catedrático Manuel Lagares. Su objetivo será definir para principios de año la hoja de ruta de un nuevo modelo fiscal que ahora se sustenta sobre pies de barro: tipos muy altos pero demasiadas deducciones -sobre todo en el Impuesto de Sociedades- que hacen que una vía contrarreste a la otra. Todo ello con un fraude fiscal cuantificado por los técnicos de Hacienda en el 25% del PIB, del orden de 250.000 millones.

Unas carencias que han salido a la luz de la mano del estallido de la burbuja inmobiliaria, el gran nicho de ingresos tributarios de los ayuntamientos. Como recordó Rajoy el miércoles en el Congreso, España ha dejado de ingresar 70.000 millones en tan sólo dos años. Una 'bicoca'.

Desde 2009, como advierte Eurostat, España ha realizado escasos avances en lo referido a su eficiencia fiscal, pasando del 36,7% del PIB de 2010 al 37,1% de 2012. Apenas cuatro décimas mientras que la Eurozona aumentó 1,5% puntos hasta el 46,3%. Un exiguo incremento el de España a tenor de los históricos ajustes impulsados tanto por Rodríguez Zapatero -subida del IVA, congelación de pensiones...- como por Rajoy -nueva subida del IVA, incremento del Impuesto sobre la Renta...-. Hacienda ha exprimido el bolsillo de la clase media y, aún así, llegará por los pelos al objetivo de déficit.