OPINIÓN

Financiación de las pensiones (y II)

03.05.11 - LUIS DO CAMPO SCHROEDEL | ECONOMISTA

El Informe del Tribunal de Cuentas de agosto de 2007 muestra claramente las disfunciones señaladas en el artículo publicado ayer en este mismo espacio. La fiscalización de actuaciones de la AEAT de 2004, pone claramente de manifiesto «la escasez de medios personales y la desigual carga de trabajo, la presencia casi inexistente en las oficinas analizadas de funcionarios del Grupo A (actualmente A1) -inspectores- y la minoritaria presencia del Grupo B (actualmente A2) -cuerpo técnico- al cual se reservan «las actuaciones de mayor complejidad y especial dificultad».

Revisión de los planes de gestión e inspección de los tributos. En este sentido, y sin querer enseñar a nadie su trabajo coincido en lo que plantean algunas organizaciones sindicales y profesionales (Gestha, SIAT...) que consiste en perseguir a los grandes fraudes de nuestro país, en lugar de dedicar el 90% de los efectivos a la persecución de los autónomos y las PYMES.

En efecto, se trata de cambiar el 'modus operandi' de la inspección realizando más investigación de grandes empresas y menos comprobación de las de siempre. Se trata de buscar y regularizar a los no declarantes en vez comprobar periódicamente las declaraciones impositivas a los contribuyentes de siempre. Para ello, hay que replantearse la forma de acometer los planes de Inspección y tomar al menos las mismas medidas que se están aplicando en los países del resto de Europa con notable éxito y que podemos resumir en las siguientes:

1.- Coordinar todas las administraciones territoriales de cada Comunidad autónoma con el Estado evitando duplicidades e ineficiencias.

2.- Compartir las bases de datos tributarias de contribuyentes de las distintas administraciones.

3.- Eliminar todas las trabas legales y administrativas que impiden a los empleados públicos una eficaz lucha contra el fraude, sometidos al control de calidad y de legalidad.

4.-Realizar periódicamente estudios sobre la economía de sumergida que marquen las pautas para los futuros planes de lucha contra el fraude.

Bien, ninguna de estas cuatro medidas se aplica en España. Los 8.000 técnicos de Hacienda tienen limitadas sus competencias y solo están autorizados a investigar al pequeño fraude, no se comparten las bases de datos fiscales, no existen programas conjuntos de lucha contra el fraude y, peor aún, no se reconoce que existe economía sumergida que justifique hacer una estimación oficial.

Estamos a la cola de los países de la Unión Europea de los 15. La señora Merkel nos podría exigir unos indicadores similares a los de Francia o Reino Unido donde las tasas de economía sumergida son la mitad de la española, pero para ello primero habría que reconocer la existencia de la misma y hacer estudios anuales sobre su evolución y para eso hace falta voluntad política y eso, desgraciadamente, es una actitud que no abunda entre nuestros gobernantes.

La pelota, está ahora en el tejado de la Administración del Estado y mas concretamente en las manos de la Agencia Tributaria del Estado, que es a la que le corresponde recaudar el 88% de la recaudación tributaria del conjunto de las administraciones públicas. Actualmente, la agencia se dedica a lo fácil, a explotar las bases de datos de los contribuyentes que declaran y a descubrir pequeñas irregularidades que en algunas ocasiones son fraudes y, en otras, son interpretaciones de la normativa o simplemente, descuidos, olvidos o despistes de las empresas en vez de desplegar toda su maquinaria contra las grandes bolsas de fraude que son, en definitiva, principales responsables de la insuficiente recaudación impositiva de este país en el todavía se considera al defraudador más un listillo que un sinvergüenza.