ECONOMÍA Y POLÍTICA |
Golpe fiscal millonario de Hacienda a las concesionarias de obra pública 21.02.2011 Juanma Lamet. Madrid Un cambio contable impide a las empresas de ACS, FCC, Sacyr o Abertis usar la libre amortización de activos para diferir su tributación, justo cuando el Gobierno va a invertir 17.000 millones. Las grandes constructoras se han topado con otro obstáculo fiscal en plena época de tijeretazos de la inversión productiva. La adaptación nacional a la nueva normativa contable internacional impide a las concesionarias de obra pública amortizar libremente los activos, como confirman a EXPANSIÓN tanto los fiscalistas como las empresas. Además, fuentes de Hacienda lo han confirmado informalmente a las empresas. Ello les asesta un duro golpe tributario, ya que no podrán atrasar el pago del Impuesto sobre Sociedades (el que grava los beneficios) como el resto de sectores. Justo en el momento en el que más podrían hacerlo, con el plan de concesiones por valor de 17.000 millones de euros en la rampa de salida. Y, sobre todo, cuando más falta les haría, por la atonía económica, en especial del sector de la construcción. Más aún cuando el Gobierno acaba de anunciar que prorroga la libre amortización hasta 2015. Las
nuevas reglas contables consideran que las inversiones de las
concesionarias de infraestructuras o servicios públicos se dividen
en “inmovilizado intangible” o “activos financieros”. ¿Qué significa
eso? Sencillamente, que ya no existen para ellos ni el “inmovilizado
material” ni las “inversiones inmobiliarias”, que son los dos tipos
de activos que se podrían amortizar libremente. La realidad no
cambia, lo hace la denominación de las cosas, y esa modificación
acarrea consecuencias fiscales contundentes. Cabe recordar que en los primeros años de las concesiones se acumula el grueso del gasto (la construcción de las obras, por ejemplo), y en los últimos años se concentran los mayores beneficios. Por eso es tan importante poder amortizar cuanta financiación se quiera, para obtener créditos fiscales que aplacen el pago de impuestos. Plan público-privado Además, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) se desarrollará justo en los años en los que se ha prorrogado la libertad de amortización. Y no está de más recordar que la inversión asciende a nada menos que 17.000 millones de euros. Con la nueva norma contable, todo el juego fiscal al que podían recurrir legítimamente las concesionarias en el PEI se esfuma. En
la mayoría de los casos, las concesionarias son parte de un grupo
fiscal. Y, dentro de él, suelen ser de las empresas que tienen más
capacidad de amortización de activos. Por tanto, la nueva normativa
contable también perjudica a los grandes grupos de construcción de
España, como Sacyr, ACS, Acciona, OHL, Ferrovial o FCC. Por ejemplo,
desde Abertis ratifican la magnitud del problema, aunque no para
esta empresa, que ya ha amortizado casi todo. |