POLÉMICA MEDIDA DEL GOBIERNO

La Audiencia Nacional duda de que el recorte salarial a los funcionarios sea constitucional

El Ejecutivo considera el ajuste una "causa de interés público" y por tanto "claramente legal"

Jueves, 7 de octubre del 2010

EFE (MADRID)

La Audiencia Nacional ha expresado sus dudas de que el recorte salarial del 5% a los empleados públicos aprobado por el Ejecutivo sea constitucional. En una providencia hecha pública hoy, la Sala de lo Social de la Audiencia ha abierta una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto ley, aprobado el pasado 20 de mayo dentro de un paquete de medidas extraordinarias para reducir el déficit público. El Gobierno ya ha expresado sus discrepancias y ha asegurado que el recorte es "claramente legal" dado que responde a "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit público. Por el contrario, los sindicatos CCOO y UGT han acogido la decisión de la Audiencia con optimismo ya que consideran que el auto refuerza su postura en contra de la rebaja salarial.

Si bien el auto final sobre la constitucionalidad del recorte solo afectaría a los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que interpusieron un recurso contra la rebaja salarial, dejaría, en cualquier caso, abierta la posibilidad de que la decisión afecte posteriormente al resto de trabajadores de la función pública.

En su auto, la Audiencia duda de la constitucionalidad ya que podría afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. También plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye al personal laboral no directivo de empresas públicas como Renfe, Adif y AENA, que tienen convenios colectivos.

Alegaciones

Tras conocer la postura de la Audiencia, el Gobierno ha insistido en que el recorte salarial es "una medida claramente legal". La Abogacía del Estado presentará en los próximos días las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción del salario a los funcionarios por "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit público.

El Ejecutivo reconoce que este recorte salarial supone una modificación del Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 firmado en septiembre del 2009 y que contemplaba una subida de los sueldos del 0,3% este año, así como una cláusula de revisión salarial. Sin embargo, puntualiza que el Estatuto Básico del Empleado Público también incluye la posibilidad de que dicho acuerdo pueda revisarse ante causas de interés público, como una "crisis económica muy grande", señalaron las fuentes. "El Gobierno piensa que es una medida claramente legal, si no el Ejecutivo no la hubiera tomado", han puntualizado fuentes del Ejecutivo.

Por parte sindical, el abogado de CCOO Enrique Lillo ha subrayado que la providencia refuerza la posición defendida por el sindicato en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para el 2010 en las administraciones y sector públicos. Asimismo, el responsable jurídico de la federación de servicios de UGT, Félix Pinilla, ha señalado que estaba convencido de que el recorte salarial no prosperaría porque afectaba a convenios colectivos firmados con anterioridad al real decreto.