LA FIMA INVITADA
Alternativas al recorte salarial
LUIS DO CAMPO SCHROEDEL | Actualizado 12.06.2010
- 01:00
EL pasado 12 de
mayo el presidente del Gobierno anunció su decisión de rebajar el
sueldo de los empleados públicos en un porcentaje de cinco puntos de
media. Dicha decisión supone una imposición unilateral inédita en la
historia de nuestra democracia, que vulnera compromisos adquiridos y
no atiende a razones de justicia social.
Junto a los empleados públicos, otros colectivos como pensionistas,
personas dependientes y nuevas madres, fueron incluidos en el
paquete de los sacrificados, en aras de la reducción del déficit,
así como una gran parte de las inversiones públicas, que podrían
contribuir, por el efecto multiplicador de la demanda de este tipo
de gasto, a la creación de nuevos empleos y a una salida más rápida
de la crisis económica.
En mi opinión, estas medidas deberían de ser el último recurso pues
es de manual de política económica que reducir los salarios de un
sector con 2.500.000 empleados reduce el consumo y la actividad
económica que es en definitiva la que genera el empleo, pero es que
además dicha medida reduce también la tributación directa por el
IRPF y el inmediato efecto perverso es que las arcas de Hacienda van
a ver mermadas sus retenciones en lo que queda de año en cerca de
350 millones contantes y sonantes. Si dicha cuenta la actualizamos
al año completo, la cifra puede ser importante.
En cualquier caso y siguiendo con el manual de política económica
para reducir el déficit, además de intervenir sobre el gasto menos
sensible al consumo (como pueden ser las subvenciones, las partidas
de cooperación internacional, gastos de Defensa etc.) debemos actuar
sobre los ingresos públicos (subida de dos puntos del IVA).
Y, ¿cómo podemos hacerlo sin subir los impuestos y retraer más el
consumo? Pues incidiendo sobre las, hasta ahora, intocables bolsas
de fraude y la economía sumergida. He aquí donde, a mi juicio, está
la verdadera alternativa para acabar con el déficit con el menor
coste social y a costa de los que tienen más riqueza y menos
vergüenza. Matando dos pájaros de un tiro; acabar con la mala imagen
del defraudador con el efecto inducido y ejemplarizante que estas
medidas producen y de paso sanear la economía.
Tengamos en cuenta que la economía sumergida en nuestro país, según
estimaciones de los técnicos de Hacienda, es del 23% del PIB,
situándonos en 12 puntos porcentuales por encima de la media europea
e inmediatamente por delante de Grecia. Esto supone un importe de
242.000 millones de euros descontrolados y que no pasan por la
ventanilla de Hacienda. Estas actuaciones que el sindicato de los
Técnicos de Hacienda vienen proponiendo con escaso eco de los
partidos políticos (sólo Izquierda Unida lo ha planteado en el
Parlamento) consistirían en dotar a los funcionarios de la
inspección de las competencias y medios necesarios para actuar
contra estas bolsas de fraude y reducir 10 puntos porcentuales dicha
tasa para, de esta forma, asimilarnos al resto de las economías
europeas, articulando una serie de medidas y propuestas para mejorar
la lucha contra el insostenible fraude fiscal y la economía
sumergida. Podemos estimar que con sólo reducir las bolsas de fraude
en un 10%, se obtendrían unos ingresos añadidos por importe de
38.500 millones de euros por año, más del doble de los 15.000
millones que el Gobierno pretende conseguir ahora con las medidas
impuestas. El Gobierno aún está a tiempo de poner en marcha, de
forma decidida y valiente, medidas de funcionamiento más racional y
eficiente de la administración tributaria y del control del gasto
público en la lucha para reducir el fraude fiscal y la economía
sumergida, que sirvan para hacer efectivo el mandato constitucional
de construcción de un sistema fiscal justo y progresivo, permitiendo
la minoración del déficit a través del aumento de la recaudación
tributaria y sin comprometer el gasto social. Algunas de estas
medidas ya han recibido la aprobación del Parlamento en los últimos
años, en forma de leyes, proposiciones, mociones y resoluciones,
faltando la voluntad política de ponerlas en marcha de forma
efectiva. Es hora de tomar medidas valientes para atajar el fraude
fiscal y de la Seguridad Social, confiando en los cuerpos
especializados de los que dispone el Estado que, sin duda, están
suficientemente preparados para llevar a buen término esta misión.
Sólo hace falta que les dejen trabajar. |