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YOLANDA GÓMEZ /
SUSANA ALCELAY La Agencia Tributaria es un observatorio privilegiado para examinar la crisis económica y su impacto en los contribuyentes y en las arcas públicas. Su director, Luis Pedroche, analiza el nuevo escenario y la repercusión de algunas de las medidas puestas en marcha. ¿Tienen problemas las empresas para pagar sus deudas con Hacienda? La Agencia Tributaria no es ajena al contexto económico y como encargada de la recaudación sentimos la crisis de dos maneras: en una importante caída de la recaudación y en un incremento significativo de las peticiones de aplazamientos en el pago de impuestos. En 2008 se registraron peticiones de aplazamientos por 9.500 millones de euros, lo que supuso un incremento del orden del 40%. En este mes de enero las peticiones han crecido en torno al 60%. ¿Se están facilitando los aplazamientos? La estrategia que estamos siguiendo es la de alinearnos con la situación económica y con la dificultad de tesorería que tienen las empresas y en general los contribuyentes. Hemos flexibilizado la política de aplazamientos en aquellos casos en que el empresario tiene capacidad de seguir funcionando, pero tiene un problema transitorio porque no accede al crédito. Se está concediendo mayor volumen de aplazamientos que en el pasado pero siempre condicionado a la viabilidad futura del empresario. ¿Qué porcentaje de solicitudes se están concediendo? En torno al 60%, teniendo en cuenta que hay un pequeño porcentaje que es ingresado durante la tramitación. Se trata de contribuyentes que antes de llegar a la resolución del expediente obtienen otros mecanismos de financiación. ¿Qué tipo de interés tienen que soportar los contribuyentes que aplazan el pago de sus deudas tributarias? El tipo de interés lo fija cada año la Ley de Presupuestos y para 2009 ha quedado en el 7%. ¿No es un porcentaje demasiado alto a la vista de la evolución de los tipos de interés? Sí, si lo comparamos con el Euribor (poco más del 2%). El precio del dinero en el mercado, sin embargo, está por encima del 7%. En cualquier caso, la posibilidad de modificar este interés es una decisión del Gobierno y hay que recordar que éste es también el interés que satisface el Estado cuando se produce una demora en el incumpliento de sus obligaciones. ¿En qué porcentaje está cayendo la recaudación tributaria? En 2008 la recaudación por el conjunto de figuras tributarias lo hizo en un 12%, en unos casos por efecto de determinadas medidas normativas y en otros vinculada a la situación económica y a la crisis del sector inmobiliario. ¿Se ha implicado la Agencia Tributaria en la búsqueda de una solución para las empresas asfixiadas por las deudas de la Administración? ¿Podrían concedérseles aplazamientos inmediatos de impuestos con la garantía de las deudas de la propia Administración? La solicitud de aplazamiento significa que mientras no se resuelva el pago de la deuda queda suspendido a resultas de la decisión que se adopte finalmente. Y en cuanto a las garantías, las normas tributarias establecen que la primera para todo acreedor sería el aval bancario, aunque somos conscientes de que una situación de crisis del mercado financiero es tan difícil como conseguir un crédito. Hay otro tipo de garantías como la pignoración de créditos o, como usted ha dicho, los pagos previstos por la Administración. ¿Cuánto tarda la Administración en resolver una solicitud de aplazamiento? Como hemos dicho, en enero los aplazamientos crecieron un 60% en número y un 50% en importe, lo que supone una sobrecarga porque con los mismos recursos tenemos que atender muchas más peticiones. Aún así nos hemos fijado como objetivo para 2009 un plazo de resolución de 30 días. En enero se generalizó la posibilidad de que las empresas solicitaran la devolución mensual del IVA. ¿Cuántas empresas la han reclamado? La primera declaración la recibimos hasta el 20 de febrero y el importe ha sido de 1.700 millones de euros. Comparando con los que estaban en el régimen de exportadores que ya existían el año anterior, suponen en torno a 1.000 millones adicionales. Ese será el importe correspondiente a los contribuyentes que por primera vez se acojan a este régimen y esa será la mejora de tesorería. ¿Se cumplen las expectativas del Gobierno? Seis mil millones era la previsión para el conjunto del año. Esos 1.000 millones no se pueden extrapolar al ejercicio porque de ellos casi la mitad proceden del arrastre del saldo negativo que les quedó a los contribuyentes en 2008. Estamos, por tanto, en línea con las previsiones, unos 500 millones de euros por mes. ¿Cómo afecta la crisis al fraude fiscal y a la economía sumergida? ¿Hay más o menos? Uno puede pensar una cosa o la contraria, pero la obligación de la Agencia Tributaria es actuar para corregir si esta situación se produce. Este año lo hemos planteado en la actualización del Plan de Prevención y lo recogimos en las directrices del Plan de Control a través de distintas medidas. Una fundamental es el control inmediato del cumplimiento periódico de las obligaciones tributarias. Este año vamos a verificar cada vez que se presenten declaraciones mensuales o trimestrales si los importes declarados se corresponden con las referencias que tenemos para esos contribuyentes y eso nos llevará a reaccionar de manera inmediata. ¿Qué otras medidas se incluyen en el nuevo plan de lucha contra el fraude? Una segunda está muy relacionada con la economía sumergida, y en concreto con el proceso de control de los bienes que se introducen en España procedentes de terceros países para determinar que los valores que se declaran son los reales y no están por debajo. Y hay un tercer bloque de acciones que ya se está realizando y consiste en la determinación de signos externos en contribuyentes donde no se correlacionan con los rendimientos declarados. ¿Ha dejado de ser el sector inmobiliario el centro y objetivo prioritario de la Inspección de Hacienda? Es un sector en el que hemos cambiado las pautas de actuación. Entendimos en el pasado que era un sector que podía canalizar una importante cantidad de fraude, de dinero negro, en la medida en que el importe de las operaciones era muy signiticativa, a lo que se une que las relaciones entre comprador y vendedor son difíciles de conocer. Por ello pusimos el acento en la prevención y el control en ese sector. Ahora, con el fin del auge inmobiliario creemos que se producirá a una reducción del fraude. Hacienda ha sido muy combativa con los valores de los inmuebles declarados por los contribuyentes en compraventas, herencias... Efectivamente iniciamos un programa tras comprobar que en algunos casos el valor que se declaraba y el que se reflejaba en las escrituras, difería de los valores de referencia del mercado. Estamos haciendo requerimientos a los contribuyentes para que justifiquen esas discrepancias y proceder a una regulación por la plusvalía no declarada. Pero ahora estamos ante el efecto contrario. Los precios de las viviendas caen, y las administraciones tributarias pueden tener como referencia valores superiores a los reales. Estos valores eran ya inferiores a los del mercado. Pero además hacemos valoraciones ad hoc en cada caso para verificar que los valores son correctos. Relacionado con el fraude inmobiliario, la Agencia puso en marcha un programa de investigación del uso de billetes de 500 euros. ¿Qué resultados ha dado? Empezamos a pensar que uno de los mecanismos para ocultar a la Hacienda Pública una operación o parte de ella era utilizar dinero en efectivo y por ello pedimos al Banco de España un detalle de las peticiones de dinero de alta denominación que se había realizado entre 2003 y 2007 en las distintas sucursales bancarias. Además, pedimos a estas oficinas que nos identificara a las personas que habían hecho la petición o habían realizado el ingreso. Hemos seleccionado a los contribuyentes que han hecho esa demanda de billetes, hemos cruzado esa información y en muchos casos hemos identificado que en días anteriores o posteriores a la recepción de ese dinero se realizaron operaciones de compraventa inmobiliaria y que lo que pretendían con el pago en efectivo era eludir la ganancia patrimonial que se había producido. En otros casos la operación era razonable y el contribuyente había tomado la decisión de pagar en efectivo porque la transferencia bancaria tiene un coste importante. Este proceso ha dado como resultado 3.500 inspecciones abiertas. En algunos casos, el contribuyente, a la vista de la petición de información realizada, nos ha presentado regularizaciones tributarias, que en este caso han ascendido a 224 millones. Este dinero ha entrado ya en las arcas del Tesoro. Pero además tenemos deuda liquidada, bien en actas de inspección o bien en la cuota que hemos determinado en supuestos de delitos fiscales que hemos denunciado por un importe de 85 millones adicionales, lo que nos lleva a una recaudación por estas investigaciones de 309 millones de euros. Hace unos meses se planteó la posibilidad de poner en marcha una amnistía fiscal para aflorar billetes de 500 euros. ¿Se ha descartado ya esta posibilidad? Hay un salto en el vacío en esa reflexión, porque no se puede pensar que todo el dinero que hay en billetes de 500 o de 200 euros es fraude. Hay una cultura en este país de atesorar en casa o en cajas el dinero, por lo tanto no se puede pensar que una amnistía fiscal haría aflorar grandes cantidades. Además, estoy convencido de que es una medida que plantearía más problemas que soluciones. En estos últimos 20 años se ha conseguido un crecimiento muy importante de la conciencia fiscal de los ciudadanos. Creo que la mayoritariamente de los ciudadanos tienen un buen comportamiento en relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Aplicar una medida como la que está planteando supondría un fraude para toda esa sociedad que cumple sus obligaciones y tendría consecuencias muy negativas. Estamos en vísperas de la campaña de Renta ¿Van a aumentar las devoluciones por la deducción de los 400 euros? La devolución de 400 euros comenzó a aplicarse a partir de la nómina del mes de junio, pero hubo gente que entre ese mes y diciembre no tenía retenciones suficientes para absorber esta cantidad. La parte que no se pudo absorber entonces, supondrá una devolución en la próxima declaración de la Renta. |
