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Aragón
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA
La
DGA reivindica una agencia tributaria propia para gestionar los
impuestos
Avisa
al Gobierno de que el incumplimiento del Estatuto con la deuda
tributaria aviva la reivindicación de los derechos históricos.
J.
MORALES. Madrid
El Gobierno de Aragón solicitó al
Gobierno central que el futuro sistema de financiación autonómica
le dote de una mayor autonomía financiera, contemplando entre
otras medidas la agencia tributaria autonómica. Además, solicitó en
el mismo escrito que la superficie y el envejecimiento de la población
sigan contando en el momento de repartir los fondos estatales.
El Ejecutivo aragonés, que hizo público el documento, intentó buscar
una posición de fuerza ante Madrid lanzando un aviso al Ejecutivo de
Rodríguez Zapatero, por si pretende no atender tampoco estas
peticiones: el incumplimiento constante del Estatuto (advierte la DGA)
está provocando "un incremento en las reivindicaciones de la
sociedad y los grupos parlamentarios respecto a la disposición del
Estatuto que contempla "los derechos históricos del pueblo aragonés".
Entre las medidas que propone la Consejería de Economía para conseguir
su objetivo de "profundizar en la autonomía financiera"
destaca la de solicitar la gestión de los impuestos a través de una
Agencia Tributaria propia. El Ejecutivo aragonés querría incorporar en
esa Agencia la gestión tanto de los tributos cedidos totalmente a la
Comunidad como de los que sólo tiene una competencia parcial,
circunstancia que posibilita el nuevo Estatuto. Por si había dudas, la
DGA deja claro su intención de colaborar con el Estado y asegura que
esa duplicidad no supone "reducir las ganancias de toda índole
derivadas de una gestión tributaria integrada".
En el escrito, y con el mismo objetivo, la DGA solicita que se reduzca
"significativamente el peso del fondo de suficiencia" y se
aumente la participación en los tributos compartidos. En este
planteamiento, que favorece a las regiones llamadas ricas, coincide con
Cataluña y Valencia.
Pero los paralelismos se limitan solo a ese punto. La principal
disparidad llega en el momento de ver qué criterios deben servir para
estimar el reparto del dinero según los territorios. A la conocida
postura de Cataluña de que exige que aumente el peso de la población
se enfrenta la también reiterada posición de Aragón. La DGA estima
que ese criterio debe ponderarse con la superficie, la dispersión, la
baja densidad, la población mayor de 65 años y la insularidad.
Estos cinco criterios ya están reconocidos en el sistema actualmente en
vigor, por lo que la DGA avisa que no aceptará ninguna nueva formulación
que varíe en este punto lo que ya hay.
Por último, el Gobierno de Aragón lanzó otro aviso al central por su
disposición a acatar lo que diga el Estatuto de Autonomía de una única
Comunidad en vez de valorar todos por igual. Así, en referencia al
"Estatut" catalán, señala al Ministerio de Economía y
Hacienda que "un Estatuto de Autonomía no puede predeterminar el
sistema de financiación de las quince Comunidades de régimen común,
ni siquiera el de la propia Comunidad". Así, insiste en que lo que
debe hacer el Gobierno central es negociar bilateralmente con todas la
autonomías y luego juntarlas en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. |
