Victorias fiscales en los tribunales

Publicado el 28/01/2008

El Tribunal Económico Administrativo acaba de dar su segunda buena noticia en menos de dos meses a las sociedades de inversión de capital variable.

Ha sido a raíz del enfrentamiento despertado entre los inspectores y el sector de los grandes ahorradores, un área de inversores que ha optado desde hace tiempo por este tipo de sociedades como uno de sus mecanismos de ahorro predilectos.

La primera victoria ante este tribunal ha supuesto la llave maestra para bloquear cerca de 300 inspecciones que iban destinadas directamente a desmantelar el beneficioso sistema fiscal de estas sociedades de inversión, con el argumento de que el requisito primordial para poder aplicar los incentivos tributarios diseñados en su momento por el Gobierno de Felipe González –que se trate de productos de ahorro colectivo y no de sujetos particulares o de una única familia– no se cumplía. Y la segunda victoria se ha convertido en el mecanismo para evitar un golpe similar de la Agencia Tributaria a la reinversión destinada por infinidad de empresas familiares hacia las sicav. En apariencia se podría decir que el resultado final de este peculiar partido es de dos a cero a favor de las sociedades de inversión.

Pero la realidad demuestra que en temas económicos los triunfos judiciales saben a poco. La falta de coordinación entre los distintos organismos oficiales, o de celeridad de la Administración a la hora de aclarar los requisitos exactos exigidos a las sociedades de inversión para aplicar los incentivos fiscales –totalmente determinantes puesto que suponen pagar un 1% en el Impuesto de Sociedades en vez de un 30%– ha generado una polvareda y una oleada de inseguridad jurídica de la que ya se han hecho eco las entidades financieras dentro y fuera de las fronteras nacionales.

El conocimiento de que durante tres años determinadas estructuras financieras han sido inspeccionadas y sancionadas, para posteriormente acabar recibiendo la confirmación oficial de que sus prácticas eran legales, ha generado una sensación de nerviosismo en el sector en absoluto beneficiosa para convencer a empresas y potenciales inversores extranjeros de la conveniencia de destinar sus capitales a España.

La Inspección ha actuado contra estas sociedades tomando como base la interpretación de la misma norma que ahora ha permitido al Gobierno tumbar dichas actas fiscales. Un ejemplo evidente de falta de claridad, que se suma a la lentitud de la Justicia, y que enturbia el deseable escenario de actuación administrativa previsible. No es la Inspección la que ha perdido en esta batalla, sino la economía, que se sumerge en una inseguridad interpretativa difícil de casar con un entorno internacional cada día más competitivo.