El Gobierno regional apuesta por la prudencia y el sentido común en la elaboración de la nueva Ley de Función Pública

Beatriz Bravo

17 dic 2007 actualizado 19:23 CET


El director general de Función Pública,
Rafael Pérez Cuadrado

La Junta de Extremadura está trabajando en el desarrollo de un proyecto de Ley de Función Pública con la participación de todos los sectores sociales implicados, desde los propios funcionarios hasta los grupos parlamentarios, con el objetivo de elaborar un nuevo régimen de empleo público capaz de atraer y motivar a los profesionales de la Administración autonómica.

Sin embargo, el director general de Función Pública, Rafael Pérez Cuadrado, ha señalado hoy en la Comisión de Administración Pública que por la ambición de los objetivos que persigue este proyecto de ley,  variedad y la complejidad de los factores a los que debe atender y el deseo de lograr una máximo respaldo a la ley, el Ejecutivo regional debe abordar los contenidos de esta normativa con determinación, prudencia y sentido común.

De esta forma, se conseguirá  una administración moderna y eficaz, haciendo partícipes del proyecto a los empleados públicos e incorporando cualquier tipo de aportaciones, incluyendo las de los grupos parlamentarios, añadió.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD


El director general de Función Pública,
Rafael Pérez Cuadrado en la Comisión de
Administración Pública

Pérez Cuadrado destacó que “sólo tras un amplio y moderado debate con todas las partes implicadas se podrá desarrollar un nuevo régimen del empelo público que atraiga y motive a los profesionales que la Administración autonómica necesita y que premie sus funciones y responsabilidades, brindándoles oportunidades de promoción profesional, una gestión racional, objetiva, ágil y flexible y una formación adecuada”.

Recordó que el presidente del Gobierno autonómico, Guillermo Fernández Vara, señaló en su discurso de investidura que la junta de Extremadura es una gran empresa con 45.000 empleados que deben trabajar conforme a los principios de calidad, agilidad, eficacia y eficiencia, por lo que advirtió que en esta legislatura se aprobará una nueva ley de función pública que introducirá en la carrera profesional de los empleados públicos la productividad y la acción social.

También dijo que todos los empleados públicos tendrán una parte de sus ingresos vinculados con la evaluación de los resultados, algo que está previsto en el texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2008 que se está debatiendo en estos días para su aprobación en el pleno del próximo jueves.

Por su parte, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, ha mostrado su intención de articular un nuevo catálogo de derechos y deberes de los empleados públicos en el que pasen a un primer plano los conceptos de productividad y acción social. Esto dará lugar a un sistema de evaluación del rendimiento basado en criterios de “transparencia y objetividad” y que compense la mayor dedicación del funcionario con avances en su carrera profesional.

Lo más destacable de las intenciones de la Junta en este sentido, es la elaboración de una “Ley de Función Pública”, cuyos avances, según el director general, deben seguir un itinerario similar al que siga la Administración del Estado.

Explicó que la Junta ya está trabajando en este sentido y, como ejemplo de ello, citó la declaración para el diálogo social en Extremadura 2007 firmada el pasado 8 de octubre por el presidente autonómico con los agentes económicos y sociales más representativos de la región y la apertura de una quinta mesa de ámbito institucional en la que negociar el proyecto de ley de Función Pública. Además, apuntó que  la Escuela de Administración Pública tiene previsto celebrar jornadas y seminarios para debatir sobre el estatuto básico del empleo público.

NUEVA LEY DE INCOMPATIBILIDADES


Comisión de Administración Pública

El diputado popular Antonio Quintana Guerrero, dijo estar decepcionado porque tras varios meses de legislatura sólo haya “buenas intenciones” por parte del Gobierno regional respecto a esta cuestión y señaló que el PP tiene la impresión de que el Consejo de Gobierno no va a dar ningún paso con respecto al Estatuto del Empleado Público porque está esperando a que alguna comunidad autónoma saque esta nueva reforma legislativa para después limar la normativa que se establecerá en Extremadura.

Se mostró de acuerdo con la necesidad de que exista un “gran consenso” entre los diferentes agentes sociales para elaborar el Estatuto del Empleado Público pero, en su opinión, este proceso también requiere hacer un análisis jurídico independiente y la participación de todos los sectores implicados, sobre todo de cara a la regulación de los deberes y derechos de los empleados públicos. En este sentido, dijo que si el Consejo de Gobierno no impulsa un borrador de un Estatuto de Empelado Público poco podrá hacer la Escuela de Administración Pública a través de conferencias.

Sobre el tema de incompatibilidades, Quintana dijo que la legislación autonómica se sustenta en una ley obsoleta que no responde a una administración moderna como la que se pretende conseguir en la región. Por ello, propuso que los grupos parlamentarios se sienten para debatir una nueva ley de incompatibilidades.

Sobre la cuestión de la discapacidad, dijo que existen diferencias entre la legislación autonómica, que reserva un 5 por ciento de los plazas ofertadas para las personas con discapacidad, y el Estatuto del Empleado Público, además de reconocer ese 5 por ciento, pretende que se oferten para estas personas el dos por ciento de los puestos de trabajo de la Administración.

Por último, recalcó que la reforma legislativa afectará a los 45.000 empleados públicos de la región y tendrá que regular la situación administrativa de 130 empleados eventuales y 1865 interinos, tomando como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público.

  “LA JUNTA NO ESTÁ PARADA”

Pérez Cuadrado aseguró que la Junta no está parada y está trabajando para la elaboración de una Ley de Función Pública. “Desde que tomamos posesión, estamos gestionando una oposición en la que hay 90.000 solicitudes y se han presentando 50.000 funcionarios, estamos redactando las bases de un concurso de traslado y está previsto abordar una negociación de un nuevo convenio colectivo y un nuevo acuerdo con los funcionarios, aprobar un plan de riesgos laborales”.

Justificó el tiempo que está llevando este proceso porque no es fácil. Además, dijo que, el Gobierno extremeño no debe ir “por libre” en el desarrollo de esta normativa y apuntó que todas las comunidades autónomas tienen numerosas reuniones para debatir el desarrollo del Estatuto del Empleado Público.

Finalmente, señaló que es más importante conseguir los objetivos de la normativa que ser los primeros en elaborarla, de manera que, al final, los funcionarios se sientan orgullosos de ser empleados públicos, y la sociedad extremeña se muestre satisfecha del trabajo que estos hacen en la Administración.