Parlamento andaluz aprueba la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, un mandato del nuevo Estatuto

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy, con los votos de PSOE e IU, la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, que contó con el voto en contra de PP y PA, grupos que en su día plantearon una enmienda a la totalidad a esta norma, con la que se da cumplimiento a uno de los preceptos recogidos en el nuevo Estatuto de Autonomía.

La Agencia Tributaria Andaluza se configura como una entidad de derecho público, con un régimen especial de autonomía funcional y de autoorganización, de forma que 'pueda adaptar su funcionamiento de forma ágil y profesional a los requerimientos de la dinámica económica'. Será autónoma, aunque queda sometida a la planificación y el control por parte de la Consejería de Hacienda.

Así, la Agencia Tributaria de Andalucía, con la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del nuevo Estatuto de Autonomía para hacer efectiva la gestión de los ingresos de la comunidad autónoma y luchar contra el fraude fiscal, ejercerá, entre otras funciones y competencias, las de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma; el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria, y la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público, así como aquellas otras atribuciones que pueda asumir por delegación en relación con los tributos locales.

El objetivo de la Agencia Tributaria Andaluza es lograr una administración 'más eficaz' en coordinación con el Estado, con el que se establecerá un consorcio, para desarrollar una 'lucha más eficaz contra el fraude fiscal' y facilitar un servicio 'más cómodo para los ciudadanos'.

El nuevo ente basará su actividad en una atención prioritaria al ciudadano para facilitarle transparencia en la información y la mayor comodidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este sentido, agilizará el pago de los impuestos, ahorrará burocracia a los contribuyentes, mejorará la capacidad de recaudación y reforzará la lucha contra el fraude fiscal.

La Junta apuesta por que, junto a las figuras de tributos cedidos tradicionales y el mantenimiento de la cesión total de los impuestos especiales sobre la Electricidad, Medios de Transportes y venta Minorista de determinados hidrocarburos, se amplíe el porcentaje de cesión de los grandes impuestos compartidos hasta el 50 por ciento. Así, el IRPF pasaría del 33% actual hasta el 50%; en el IVA del 35% al 50%; y en los impuestos especiales de fabricación, es decir, hidrocarburos, tabaco y las diversas accisas sobre alcoholes, se pasaría del 40% actual al 50%.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS.

Durante el debate, el diputado del PP José Enrique Fernández de Moya, cuyo grupo presentó en su día una enmienda a la totalidad a la Ley, criticó que desde la Junta no se haya tenido en cuenta el 'informe contrario' del Consejo Consultivo y justificó el 'no' de su partido a esta norma en que no están de acuerdo con 'la naturaleza jurídica' que se configura respecto a la Agencia Tributaria; con el régimen transitorio del personal adscrito a la misma, que supone una 'ruptura' del régimen de función pública, o con el intento de 'copiar' el modelo de gestión de la administración tributaria de Cataluña. Criticó además la pervivencia en Andalucía del impuesto de sucesiones y donaciones, que sí ha sido eliminado en otras comunidades. En definitiva, consideró que la nueva norma constituye todo un 'fraude de ley' a la Ley del Consejo Consultivo.

Por su parte, la portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, que indicó que Andalucía, con su nuevo Estatuto, puso sobre la mesa un avance hacia un Estado Federal, afirmó que ha sido una conquista de las fuerzas políticas que han apostado por el desarrollo estatutario conseguir que en el nuevo texto figurara, en las mismas condiciones que en el catalán, la creación de un Agencia Tributaria, que es un 'paso adelante' en la autonomía andaluza y en la igualdad de Andalucía con otros territorios. Caballero, que reclamó al consejero de Economía, que se impongan mecanismos andaluces de lucha contra el fraude fiscal, mostró su desacuerdo, no obstante, con la delimitación administrativa que se establece para la nueva Agencia al considerarse un ente de régimen especial y pidió que no haya 'discrecionalidad' alguna en el tratamiento de su personal.

La portavoz parlamentaria del PA, Pilar González, manifestó que su grupo quiere otro modelo de Agencia Tributaria diferente al que se plantea en la Ley de la Junta, basado en una verdadera autonomía financiera que suponga un avance significativo en el autogobierno y no limitarse a la creación de un ente administrativo más. De esta forma, dejó claro que la nueva Ley 'no responde al modelo que necesita Andalucía', ya que 'no significa un impulso al desarrollo del Estatuto'. González indicó que Andalucía tiene que tener la posibilidad de gestionar todos los tributos, algo que, a su juicio, no garantiza la nueva norma, mientras que la Agencia Tributaria de Cataluña sí contempla esa posibilidad taxativamente.

La portavoz adjunta del PSOE, Antonio Moro, manifestó que con esta norma, no sólo se da cumplimiento a un mandato estatutario, sino que además se pone en marcha un instrumento que es parte fundamental de la autonomía política y financiera por lo que supone de avance y mejora del autogobierno de la comunidad. Apuntó que, sin duda, es un instrumento fundamental para avanzar en la mejora de las relaciones con los ciudadanos en lo que respecta a la aplicación de los tributos.

Terra Actualidad - Europa Press