Advierten que un sistema tributario "fraccionado" traería "consecuencias negativas" para perseguir el fraude fiscal
Inspectores de Hacienda instan a separar el proyecto de Agencia Tributaria propia del sistema de financiación autonómico

-- 24 Noviembre 2007

Palma (EP).- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado subrayó hoy la necesidad de separar la creación de una Agencia Tributaria Autonómica en Baleares con la cesión de tributos, y no confundir el ámbito de recaudación con el sistema de financiación autonómico puesto que ambas cuestiones responden a debates separados, y evitar con ello “propuestas extremas” como la formulada en Cataluña respecto al IRPF.

Así lo manifestó a EP el presidente del IHE, José María Peláez, quien subrayó que el futuro proyecto de Agencia Tributaria de Baleares tiene que mantener una “líneas rojas” que no se pueden traspasar y que podrían suponer un “fraccionamiento” de la gestión de los impuestos, con especial relevancia a los que tienen carácter estatal.

Con ello, podrían dividirse los datos relativos a las empresas referidos a los impuestos del IVA y el IRPF en varias administraciones. Al respecto, señaló un descenso del control de las tramas de fraude de IVA organizadas como un posible efecto de una Agencia Tributaria.

Peláez aseguró que desde IHE no se oponen a la creación de agencias tributarias que puedan conseguir una mejor gestión de los tributos de ámbito autonómico, pero detalló que las mismas no pueden ser pretexto para crear modelos fraccionados o para negociaciones de gestión de impuestos, puesto que “una cosa es la gestión y otra la financiación”, remarcó.

Recientemente, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Carles Manera, dijo que antes de finales de año se podrá presentar el proyecto de la Agencia Tributaria, y que redundará en un sistema dedicado a agilizar el pago de tributos y ahorrar burocracia a los ciudadanos de Baleares, así como a “mejorar la capacidad de recaudación y reforzar la lucha contra el fraude”.

El presidente de IHE también recalcó que una gestión independiente de los impuestos revertiría en una serie de prejuicios, como es la posibilidad de tener menos recursos en la agencia, y un menor control de los tramos a recaudar del IVA.

Peláez distinguió tres tipos de tributos, “los propios o totalmente cedidos” a las Comunidades Autónomas, los que están cedidos parcialmente -lo que ocurre con ciertos tramos del IRPF, IVA y las sociedades centrales por ejemplo cuya gestión está integrada por el Estado-, y los que son competencia exclusiva del Estado. 

En este sentido, detalló que el gran debate de las agencias tributarias autonómicas es el relativo al segundo bloque de impuestos ya que implica “competencias importantes” del Estado y cuya cesión es recomendable que se haga de una forma común a todas las CC.AA. Destacó la exigencia formulada en su momento por el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que se indicaba una cesión del 50% del IRPF, como ejemplo de las líneas rojas que no se deberían traspasar.

La necesidad de que este tipo de propuestas preserven la gestión y control de las retenciones y pagos fraccionados sin tener en cuenta el grado de cesión del impuesto dentro de una caja única del Estado.

Control del fraude

Este temor de fraccionamiento del sistema tributario, y los prejuicios para combatir el fraude fiscal son compartidos por el Colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), que plantea la escasa eficacia de los convenios entre la Agencia Estatal y las administraciones locales y autonómicas en este sentido.

La argumentación de este colectivo se fundamenta en que la posibilidad de generar dicha figura en todas las regiones “multiplicaría” las solicitudes de actuación recíproca entre los entes tributarios, lo que haría “prácticamente incontrolable” a largo plazo, y motivaría.

El consejero de GESTHA, Javier Sánchez, destacó que la preservación de una base de datos para unificar todas las administraciones es una herramienta de “enorme utilidad” en la lucha contra el fraude. Asimismo precisó que las actuaciones de la administración tributaria debe alcanzar todo el territorio del país con independencia del ámbito del tributo en que se produzcan los supuestos hechos fraudulentos.

Finalmente, y en lo referente a las posibilidades de reducir la presión fiscal indirecta - que entre otros factores engloba el coste de desplazamiento físicos para la realización de trámites-, el presidente de la IHE subrayó el efecto positivo que tendría una agencia autonómica, si bien recordó que esta tendencia a hacer más próxima la administración o implantar oficinas en cada territorio es “general” en todas las regiones.

En este aspecto indicó entre los elementos positivos de una futura agencia autonómica las posibilidades de “flexibilidad profesional” en la recaudación que puede integrarse en estos modelos.