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Los inspectores de Hacienda proponen vigilar las cuentas de los cargos públicos
MARIO SÁNCHEZ GUILLÉN CÓRDOBA. El presidente de la asociación profesional de inspectores de Hacienda (antigua Apife), José María Peláez, presentó ayer, en el marco del XVII Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda, un estudio sobre fraude y corrupción en España, que identifica los, a su juicio, trece problemas más importantes que conllevan fraude fiscal, y aporta 49 medidas para solucionarlos. Es un informe que los inspectores presentarán al Ministerio de Hacienda y también a los partidos políticos, por si quieren incluir algunas de sus medidas en sus programas electorales con vistas a los comicios generales de marzo de 2008. Su presentación viene motivada porque, a juicio de los inspectores, en España vivimos un «fraude generalizado», y porque las medidas tomadas hasta ahora han supuesto «un fracaso». La corrupción política es la primera vía en la que los inspectores quieren incidir para atajar el fraude. Por ello se ha presentado un «plan especial de comprobación de alcaldes, concejales de urbanismo y otros representantes públicos», que supondría la inspección fiscal de los cargos públicos de municipios de más de 50.000 habitantes, así como de sus ramificaciones familiares si fuera necesario. También se propone hacer un seguimiento patrimonial exhaustivo de las personas condenadas por corrupción e incidir en la necesidad de que las entidades públicas remitan información ante la Agencia Tributaria. De igual modo, los inspectores propusieron la aprobación de una ley contra la corrupción, aunque reiterando que la responsabilidad de hacerla es de los políticos. Otra de la medidas de importancia que solicitan los inspectores sería la de poder investigar de incógnito delitos fiscales tan frecuentes como los de no incluir el IVA en los productos o utilizar el dinero negro para percibir pagos o sueldos. Respecto al blanqueo de dinero -convertir dinero con origen delictivo en dinero legal-, que también ha encontrado en nuestro país un pequeño paraíso por el número de mafias que operan aquí, los inspectores proponen la creación de una Oficina Nacional Antifraude y de una Policía Fiscal que se dedicaran en exclusiva a este tipo de delitos. Pero la asociación de inspectores también tiene clara una propuesta para acabar con el uso fraudulento de paraísos fiscales para particulares y empresas. Una medida curiosa, si bien con un cierto aroma populista, sería la de vigilar estrechamente a los artistas y deportistas famosos que residieran en un país con una tributación inferior. Para los segundos, los inspectores proponen que no puedan representar a España en ninguna competición si residen fuera para evadir impuestos. A efectos de volumen, el fraude de estos ciudadanos no sería de los más relevantes, pero el hecho de que tanto artistas como deportistas suponen «un modelo» para muchos ciudadanos, justificaría según Peláez la medida. Por otra parte, las empresas españolas también tendrían que dar conocimiento a la Agencia Tributaria cuando operaran en algún paraíso fiscal. Por último, Peláez también consideró importante una mayor vigilancia sobre la «ingeniería fiscal» que defrauda al erario público utilizando fórmulas como, en ocasiones, las sociedades de inversión de capital variable (sicav). Según cifras que se barajaron en el Congreso de Inspectores, la economía sumergida supone en España entre el 20% y el 25% del PIB. |
Sábado,
17 de noviembre de 2007