El fraude fiscal inmobiliario ya suma 8.600 millones al año

16/11/2007 02:48 R. E. / SEVILLA

La picaresca continúa siendo la reina del baile en el sector inmobiliario. Según los datos anunciados ayer por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con motivo del congreso que celebran estos días en Málaga, el fraude fiscal en ese sector ronda ya los 8.600 millones de euros anuales, cantidad que, en un 50 por ciento, se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia. A juicio de este colectivo, las cifras demuestran que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace ahora un año, "no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude" en España: la actividad inmobiliaria y las profesiones liberales. En relación con éstas últimas, los técnicos destacan que los trabajadores no suelen emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Para Gestha, la nueva ley ha "supuesto un paso adelante" en la prevención y lucha contra el fraude, pero es "poco ambiciosa", al no concentrar las investigaciones en los "principales focos de economía sumergida", sino sobre las rentas del trabajo y los asalariados. En este sentido, criticaron que, en el caso de las empresas, la mayor parte de las inspecciones se hayan centrado en firmas de más de seis millones de facturación, cuando el grueso del tejido productivo español está compuesto por pymes.

Esto explica que el 95,85 por ciento de las firmas españolas que facturan entre 1,8 y seis millones de euros -unas 57.700 sociedades- escapen al plan de lucha contra el fraude. En Andalucía, esa proporción se eleva hasta el 96,68 por ciento, lo que equivale a 8.025 empresas.

La comunidad andaluza es la tercera de España, tras Cataluña y Madrid -ver tabla adjunta-, por fraude fiscal inmobiliario, con un montante de 1.392 millones de euros anuales. Según Gestha, la mayor parte de las actuaciones fraudulentas en ese sector se producen mediante el mecanismo bautizado como dar el paso, por el que se efectúan sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público. Otra práctica muy común es obligar al comprador de una vivienda a firmar en la escritura un precio inferior al realmente pagado.

Pero el fraude no sólo se da en la compraventa de casas; los alquileres sumergidos también hacen estragos en el fisco. Los técnicos de Hacienda calculan que en Andalucía hay 167.380 alquileres sin declarar, un 17 por ciento del total nacional, y que las rentas derivadas de ellos ascienden a 278,2 millones. La Costa de la Luz absorbe 44.205 viviendas arrendadas sin declarar, el 4,5 por ciento de las registradas a nivel nacional; le siguen Málaga (35.731 pisos alquilados sin declarar), Granada (19.682) y Almería (11.907).

La entrada en circulación del euro llevó a numerosos contribuyentes a buscar una salida a su dinero negro, mediante la inversión, precisamente, en activos inmobiliarios. Las cifras de Gestha apuntan que el dinero negro aflorado en Andalucía con motivo de la transición de la peseta a la moneda comunitaria sumó 1.459 millones de euros, lo que representaría el impago de impuestos por un valor aproximado de 337 millones. Sevilla fue la provincia donde más operaciones de este tipo se realizaron, con 340 millones de euros aflorados y el impago de 78,55 millones en impuestos. A continuación se situaron Málaga (252,31 millones de euros aflorados), Cádiz (224,88), Granada (142,61), Córdoba (132,73), Almería (131,64), Jaén (110,79) y Huelva (96,53).

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado también celebró ayer su congreso anual, y lo hizo en Córdoba -ver texto superior-, donde su presidente, José María Peláez, advirtió que la creación de agencias tributarias propias en las comunidades autónomas "tendrá efectos muy negativos para la lucha contra el fraude fiscal" (en caso de que esas agencias asuman las competencias de inspección del Estado). "Desde el punto de vista profesional, no estamos en contra de que las comunidades creen sus propias agencias tributarias, pero sí de fragmentar el sistema tributario, en cuanto a la gestión de los impuestos y la lucha contra el fraude fiscal", añadió.