Gobierno ayudará a menores de 30 años con 210 euros al mes para el alquiler

20:17 - 18/09/2007

Madrid, 18 sep (EFECOM).- Los jóvenes de entre 22 y 30 años que trabajen y ganen menos de 22.000 euros brutos al año podrán acceder a partir del 1 de enero a una ayuda de 210 euros al mes durante un máximo de cuatro años para pagar el alquiler, que además disfrutará de una deducción fiscal del 10,05 por ciento.

Ambas medidas, que serán tramitadas como proyecto de ley, fueron anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, y se incluyen dentro de un plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler que se irá dando a conocer en su totalidad en las próximas semanas.

La ayuda directa de 210 euros mensuales está destinada no sólo a quienes busquen independizarse, sino también a quienes ya vivan de alquiler, aunque en el caso de los primeros esa subvención estará acompañada por un préstamo de 600 euros para pagar la fianza y por un aval de seis meses.

Según explicó Rodríguez Zapatero, ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años ganan menos de 22.000 euros brutos anuales, lo que les convierte en beneficiarios potenciales de esta medida.

Por su parte, la deducción fiscal del 10,05 por ciento, hasta un máximo de 9.015 euros, será disfrutada por todos aquellos que vivan de alquiler, sin límite de edad y con unos ingresos netos anuales que no sean superiores a los 24.000 euros, incluidos aquellos que se beneficien de la ayuda directa de 210 euros mensuales.

Fuentes del Ministerio de Vivienda aclararon a Efe que esta deducción fiscal para el inquilino es equivalente a la que existe actualmente para la compra de vivienda en el tramo estatal, que es también del 10,05 por ciento, correspondiendo el resto hasta el 15 por ciento a las comunidades autónomas.

Las mismas fuentes precisaron que la ayuda directa de 210 euros al mes no es compatible con el resto de ayudas al inquilino (de hasta 240 euros mensuales) contempladas en el Plan Estatal de la Vivienda 2005-2008, aunque sí con las diferentes ayudas autonómicas que puedan existir.

Tanto Rodríguez Zapatero como Chacón subrayaron que estas medidas, por las que Vivienda desembolsará anualmente 436,5 millones y Hacienda dejará de ingresar 348 millones, son fruto de la labor conjunta de ambos ministerios.

Chacón explicó que estas medidas estarán acompañadas por otras que persiguen incrementar la seguridad y las garantías para los arrendadores, fomentar la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías y promover la construcción de vivienda en alquiler privada y también pública.

Las medidas han sido bien acogidas en el sector inmobiliario, que considera positivo que se facilite a un determinado colectivo a la vivienda, si bien reclamaron otras iniciativas para que los propietarios pongan sus pisos en el mercado.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José Manuel Galindo, consideró la iniciativa del Gobierno "adecuada y acertada", aunque matizó que también hay que estimular la oferta dando mayor seguridad jurídica para los propietarios y fomentando la disponibilidad de suelo.

En el terreno político, el PP y CiU criticaron las medidas por "parciales" y "electoralistas".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró que además es necesaria una rebaja "sustancial" del IRPF y de las retenciones para que las familias puedan atender a las subidas de los tipos de interés en sus hipotecas, mientras que el portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida comentó que las medidas aprobadas "podrían incrementar la desigualdades".

Desde el punto el punto de vista de las asociaciones de consumidores las ayudas directas deberían favorecer no sólo a los jóvenes sino también a mayores, divorciados o inmigrantes, al tiempo que deberían fomentar también la vivienda pública de alquiler.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidió medidas "más contundentes" que permitan luchar contra los arrendamientos sumergidos, que supone el 60,5 por ciento del total, en tanto que la Corte de Arbitraje considera que el problema de fondo del mercado de alquiler es la inseguridad jurídica que restringe la oferta. EFECOM

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