Jueves, 12 de julio de 2007

Cataluña crea su Agencia Tributaria sin esperar al fallo del Constitucional

MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA.

El Parlamento catalán aprobó ayer la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, la primera ley catalana que desarrolla el nuevo Estatuto y que supone el primer paso hacia la desaparición de la Administración tributaria del Estado en esta Comunidad. Se trata de uno de los grandes capítulos políticos del Estatuto y, por tanto, un punto que podría rebasar las líneas rojas constitucionales por su concepción maximalista. El PP recurrió todo el capítulo del texto estatutario sobre financiación ante el Tribunal Constitucional por entender que se vulneraban los principios de coordinación y solidaridad. La Rioja también lo hizo, mientras que el Defensor del Pueblo impugnó la bilateralidad que se desprende del mismo.

Sin embargo, el Gobierno de Montilla no ha querido esperar a que el TC emita su sentencia y ha optado por la política de hechos consumados. La aprobación de este proyecto de ley, que atribuye a la Agencia competencias que van más allá incluso de lo que observa el texto estatutario, fue posible gracias a los votos de los grupos que forman el tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU. Este acuerdo sociovergente, celebrado con satisfacción por el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y del líder de CiU, Artur Mas, tuvo una fuerte carga simbólica, pues los nacionalistas se hayan inmersos en un difícil debate interno respecto a un posible pacto futuro con PSOE o PP.

Tributos propios y cedidos

El redactado final de la ley introduce algunas enmiendas de los nacionalistas al proyecto elaborado por el ejecutivo autonómico tendentes a aumentar las competencias de la Agencia catalana, que será la encargada de «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos recaudados en Cataluña», tanto los propios de la Generalitat (impuestos sobre grandes establecimientos comerciales y gravamen de protección civil) como los cedidos por el Estado (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales; sucesiones y donaciones, patrimonio y juego). Lo más relevante, y con más proyección hacia el futuro, es que CiU logró añadir al proyecto un nuevo apartado en el que este organismo también podrá asumir por delegación la gestión del resto de los impuestos recaudados y que no están cedidos por el Gobierno (IRPF, IVA, tabaco, alcohol, hidrocarburos y energía). Así, el Gobierno catalán administrará cerca de 17.000 millones de euros al año.

Se incorpora una disposición adicional que compromete a la Agencia a convertirse en un futuro en la «única administración tributaria en Cataluña». Al respecto, está previsto que, tras la creación de la Agencia, se constituya antes de agosto de 2008 un Consorcio en la que participarán de forma paritaria el Gobierno y la Generalitat. La voluntad del Ejecutivo catalán es que la Agencia asuma de forma gradual las funciones del Consorcio en un plazo máximo de dos años.

Este organismo, adscrito al departamento de Economía de la Generalitat, tendrá autonomía funcional y de gestión. Su organigrama constará de un presidente, que será el secretario general de la Consejería, así como un director, nombrado por el Gobierno catalán a propuesta del titular de Economía. Se prevé la constitución de un Consejo Asesor con representantes de los agentes sociales, colegios profesionales y mundo académico, la figura del Defensor del Contribuyente y una Carta de los Derechos del Contribuyente. Finalmente, la ley incluye la creación de nuevos cuerpos de funcionarios adscritos a la Agencia.

La Cámara catalana ha aprobado «in extremis» la creación de este organismo, es decir, un mes antes del plazo establecido por el Estatuto y en el penúltimo Pleno antes de vacaciones. La aprobación de esta ley forma parte del paquete de iniciativas legislativas que debe impulsar el Gobierno catalán para desarrollar el texto estatutario, cifrado en unas 40. El propio consejero Castells hablaba ayer de «buen presagio», pero admitía «que otras cosas serán más complicadas», en alusión a la transferencia de competencias que debe aprobar el Gobierno central y a la reforma de leyes orgánicas, como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), tal como subrayó ayer la diputada del PP Ángeles Olano en la Cámara catalana.

Los populares catalanes no presentaron enmienda a la totalidad del proyecto del ley de la Agencia, pues mantenían la esperanza de que «las cosas se hicieran bien», según Olano, pero ayer votaron en contra por entender que no se ha respetado el principio de coordinación entre administraciones.

Bloqueo estatutario

Desde que el Estatuto se aprobó en referéndum en junio de 2006, el Estado no ha ejecutado ningún traspaso, lo que demuestra que ese despliegue no está ahora en las prioridades del «Gobierno amigo» de Zapatero. Llamativa es el reclamado traspaso de las Cercanías de Renfe. Todos los partidos están a favor de esta transferencia, pero lo único que se ha logrado hasta ahora es que Zapatero lanzara una fecha -enero de 2008- a instancias de CiU.