Economía/Macro.- El
Tribunal de Cuentas reclama mayor colaboración de los órganos
supervisores con la Agencia Tributaria
11:45 - 11/03/2007
Denuncia la "gran subjetividad"
del Banco de España en sus exámenes y la poca concreción de la CNMV
para certificar requisitos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas estima necesaria
la firma de convenios de colaboración entre la Agencia Tributaria y los
principales órganos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional
del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros) con el fin de
"mejorar la eficacia en la prevención del fraude fiscal y en el
ejercicio de la función supervisora".
Así se recoge en su último informe de
la institución sobre los procedimientos de supervisión de entidades de
crédito, servicios de inversión y aseguradoras, remitido al Congreso y a
cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.
NULA COORDINACION.
El informe se refiere a los años 2002 y
2003, pero el tribunal entiende que las carencias siguen vigentes. Según
ha constatado, en esos años "la coordinación entre los tres
organismos y la Agencia Tributaria ha sido prácticamente
inexistente" en el ámbito de la supervisión y la colaboración
puede calificarse de "prácticamente nula".
Así, señala que la Agencia Tributaria y
los tres organismos no tienen conocimiento recíproco de los criterios
empleados en la elaboración de planes de supervisión y de inspección,
ni existen convenios de colaboración entre ellos.
Su examen no ha estado exento de polémica
pues el Tribunal de Cuentas se queja de que "los tres organismos han
venido negando el acceso" a toda una serie de documentación que se
reclamaba. "Las dificultades han sido múltiples y constantes y ello
hasta el punto de que han llegado a configurar un amplio abanico de
limitaciones", denuncia.
La discrepancia surge porque los órganos
supervisores alegaban que, conforme a la legislación, su función está
sometida al secreto profesional y por tanto no pueden facilitar
determinada documentación. El Tribunal de Cuentas, por contra, recuerda
que la Constitución le otorga la función de supremo órgano fiscalizador
y que sus funcionarios también están sujetos al deber de secreto por lo
que no suponen riesgo para la confidencialidad de los datos.
NIEGAN INFORMACION "BASICA"
El resultado es que los tres órganos
supervisores no han facilitado información básica para la fiscalización,
no han autorizado las entrevistas personales con inspectores que el
tribunal había pedido, y ni siquiera han entregado las comunicaciones que
han mantenido entre ellas, pese a que el Tribunal sabía que existían.
Para colmo, la documentación facilitada se ha enviado con una
"demora injustificable" que en algunos casos superaba los ocho
meses.
"Estas limitaciones han incidido
significativamente en el cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente fiscalización --se lamenta--, suponiendo en la mayor parte de
los casos la imposibilidad de conformar una opinión sobre la organización
y aplicación de los procedimientos de supervisión encomendados al Banco
de España, a la CNMV y la Dirección General de Seguros".
Así, no ha podido comprobar en qué
medida el Banco de España actúa con homogeneidad y objetividad al
autorizar el inicio de actividad de las entidades de crédito, si
realmente las entidades financieras envían sus datos dentro de los plazos
establecidos, cómo están siendo inspeccionadas y de qué forma se está
el régimen sancionador.
Tampoco ha tenido elementos suficientes
para saber si la CNMV aplica "con plena objetividad y
homogeneidad" los procedimientos establecidos para registrar empresas
de servicios de inversión, supervisarlas y, en su caso, sancionarlas, ni
para comprobar si la Dirección General de Seguros respeta esos mismos
principios al inspeccionar las aseguradoras.
De lo que ha conseguido averiguar, el
Tribunal de Cuentas destaca la "gran subjetividad" del Banco de
España a la hora de examinar los requisitos que deben cumplir las
entidades de crédito para operar, la falta de concreción de la CNMV para
certificar requisitos como la idoneidad de los socios y la honorabilidad
de los administradores.
Así las cosas, el Tribunal de Cuentas
pide modificar la legislación de cada una de estos tres órganos
supervisores saltar el escollo de la confidencialidad y facilitar su
colaboración con la entidad fiscalizadora.
'TIRA Y AFLOJA' CON SOLBES
Este conflicto entre el Tribunal de
Cuentas y los órganos supervisores se une al que la institución que
preside Ubaldo Nieto viene protagonizando con el Ministerio de Economía
por su intención de examinar el proceso de elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado, una pretensión que rechaza el
Departamento de Pedro Solbes, avalado por la Abogacía del Estado,
argumentando que el tribunal debe ocuparse de la ejecución
presupuestaria, pero no tiene competencias sobre la fase de debate previa
al proyecto.
Ese pulso no ha terminado y, de hecho, el
Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 27 de febrero su programa de
actividades para 2007, donde volvió a incluir su pretensión de examinar
la preparación de los últimos Presupuestos Generales, esta vez en relación
con el principio de transparencia recogida en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Eso sí, la decisión no fue unánime, sino que se adoptó
por mayoría en el Pleno del Tribunal ya que se pronunciaron en contra los
cinco consejeros elegidos en su día a propuesta del PSOE.
En una reciente declaración que hasta
hace unos días se mostraba en el sitio web del Tribunal de Cuentas,
recogida por Europa Press, el presidente de la institución justificaba su
idea de examinar la preparación de los Presupuestos argumentando que es
una "responsabilidad institucionales" que tiene su origen en la
aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el afán de
transparencia que dice fomentar el Parlamento y en la necesidad de
completar el obligatorio examen anual de la Cuenta General del Estado. |