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NO pocos contribuyentes van a percibir inmediatamente las consecuencias del nuevo IRPF, el del Gobierno socialista, operativo desde comienzos de semana y de año. Los ahorradores que mantienen en sus carteras títulos de compañías eléctricas habrán recibido el abono de un dividendo a cuenta, un interesante dividendo recortado en tres puntos por la nueva retención que sufren las rentas de capital: donde hasta ahora se aplicaba un 15 por ciento, hoy se anota un 18 por ciento. Esta es una de las novedades relevantes del nuevo IRPF, que supone un mayor coste inmediato para el contribuyente, en contra de la pretendida reducción de la carga impositiva que justificaba la reforma.
Simultáneamente, empieza a aplicarse una nueva tabla de retenciones a cuenta de las rentas salariales que significará en la mayor parte de las nóminas un recorte de hasta dos puntos y que, por tanto, dejará a fin de mes alguna renta disponible adicional que ayudará a los endeudados a hacer frente al encarecimientos del precio del crédito.
En conjunto, el nuevo IRPF y la paralela reforma del Impuesto de Sociedades van en la dirección correcta, aunque a la velocidad de los viejos trenes correo, arrastrando los pies. La reforma, superficial, simplifica el impuesto y afeita los tipos impositivos. Los socialistas no se han atrevido a dar pasos más decididos, por ejemplo en favor de un impuesto negativo, entendido como renta básica garantizada para el ciudadano -una bandera muy propia de la izquierda-, ni a un tipo impositivo único que simplifique el impuesto y acabe con la presunta progresividad, tan bien vista por quienes no reparan en los agujeros de esa progresividad que suelen volverla regresiva y por los que padecen el «síndrome de Robin Hood».
El Gobierno ha optado por una reforma menor, de medio pelo y que, según sus cálculos, dejará en el bolsillo de los ciudadanos unos 2.000 millones de euros (y otros tantos en sociedades, como consecuencia de la rebaja del impuesto sobre beneficios) y que supondrá una rebaja fiscal en torno al 4 por ciento en el caso del IRPF, algo menos del 6 por ciento que el Ejecutivo pretendía cuando empezó su reforma, fruto de un compromiso electoral.
Los gobiernos anteriores, los presididos por Aznar, pusieron en vigor dos reformas sucesivas del IRPF -una por legislatura-, con recortes efectivos de los tipos y algunos avances en cuanto a simplificación del impuesto. Ambas reformas fueron más ambiciosas que la de esta legislatura, y ambas se materializaron eficazmente y sin problemas operativos o técnicos. Con la actual, el Gobierno de Zapatero considera cumplido su compromiso en materia impositiva y no parece que tenga ambiciones adicionales en cuanto a recortes fiscales, a pesar del superávit presupuestario del que tanto su ufana. Un superávit que, al igual que el de la Seguridad Social, debería alentar nuevas rebajas de impuestos y cotizaciones, ya que el ahorro está mejor en manos de sus creadores, de las familias y las empresas, que en las del Estado, por lo general bastante más gastador y peor administrador del dinero.
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