La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) presentada el viernes por el Gobierno ahonda en la discriminación fiscal que sufren las rentas del trabajo, al establecer que todas las rentas del capital y las plusvalías tributarán al 18% al margen de su importe o del tiempo en que se hayan generado, mientras que los ingresos salariales tributarán a una escala progresiva que oscila entre el 24% y el 43%. Así de contundentes se expresan la mayoría de los expertos fiscales consultados tras una primera lectura rápida del anteproyecto de ley elaborado por el equipo de Pedro Solbes, a pesar de evaluar positivamente la simplificación en la tributación del ahorro que supone y de reconocer que también hay mejoras en la tributación de los salarios, sobre todo de los más bajos.
"La reforma anunciada introduce cambios importantes y deja un impuesto más justo, con menos privilegios y que redefine mejor la redistribución de renta. Si todos los productos tributan igual, a un tipo único, se evitan las estrategias fiscales y la instrumentalización fiscal del ahorro, aunque al no distinguir entre inversiones a corto y largo plazo resultan discriminadas las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital", resume Antoni Duran-Sindreu, asesor fiscal y profesor de la Universitat Pompeu Fabra.
En su opinión, la discriminación podría resultar incluso inconstitucional porque trata de forma diferente rentas periódicas, del ejercicio. "El tipo único se justifica en las rentas plurianuales para corregir la progresividad de una tarifa pensada para rentas periódicas. Pero si no se distingue entre ahorro generado en más o menos de un año y el 18% se aplica a las rentas del ejercicio, se produce una discriminación en función del origen de los ingresos", dice Duran-Sindreu.
Jaume Duch, abogado del despacho Cuatrecasas, destaca la simplificación del impuesto que implica la no distinción de base general y base especial en función del tiempo de generación de las plusvalías. Y, a pesar del énfasis con que el Ejecutivo defiende que la reforma favorece especialmente a las rentas más bajas, Duch apunta que las altas también ganan si se tiene en cuenta que el tipo máximo pasa del 45% al 43% y además se aplica para una cifra de ingresos más elevada. "El aumento de los mínimos vitales y familiares y de algunas reducciones beneficiarán a las rentas bajas, pero su rebaja es más difícil de calcular", comenta.
No obstante, los expertos confirman que la nueva tarifa del impuesto y especialmente la diferente manera de aplicar las reducciones del mínimo vital y familiar generan un impuesto más equitativo y más "barato" para la mayoría de contribuyentes. Fernando Rey, Pablo Torrano y Santiago Doce, de Garrigues Abogados, creen que, no obstante, el anteproyecto no satisface algunos de los objetivos que el Gobierno había anunciado para la reforma. "La reducción es bastante timorata y no contempla ni el controvertido tipo único ni la aproximación entre el tipo máximo del IRPF y el gravamen del impuesto de sociedades, máxime cuando se anuncia una reducción progresiva de este último", dice Rey. A su juicio, la diferencia de tipos entre ambos impuestos - 43% frente a 30%- puede promover la interposición de sociedades.
Con todo, los asesores fiscales opinan que el IRPF propuesto por el Gobierno sí avanza en cuestiones técnicas pendientes desde hace tiempo, como la supresión del régimen transitorio que permite la exención por antigüedad de las plusvalías generadas por bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, la eliminación de las sociedades patrimoniales, o la supresión de la compensación de la doble imposición por dividendos. Pero la valoración sobre estos cambios no es unánime. "Es cierto que desaparece la exención por antigüedad para las plusvalías que se vayan acumulando desde la presentación de la reforma, pero la solución adoptada no es traumática y técnicamente no era lógico perpetuar más un régimen transitorio", dice Duran-Sindreu.
Jaume Duch y Joan Anton Sánchez Carreté, de Consultores de Economía y Tributos, indican que el anteproyecto no deja del todo claro cómo se calculará la plusvalía acumulada a partir del 20 de enero de este año y advierten que la medida puede generar ventas aceleradas de activos, sobre todo inmuebles o empresas familiares.
Tampoco coinciden las apreciaciones sobre los recortes a los incentivos fiscales a los planes de pensiones que propone Hacienda. "El borrador del anteproyecto vuelve a vincular las aportaciones a planes de pensiones a las rentas del trabajo y empresariales, puesto que el límite de deducción se fija por la menor de dos cuantías, 8.000 euros o el 30% de los ingresos salariales y empresariales (50% en mayores de 52 años), y además vincula el beneficio fiscal a que el plan se cobre como renta vitalicia, de modo que se restringen los incentivos a verdaderos productos de previsión social y se evita que se utilicen como inversión financiera", opina Duran-Sindreu.
En cambio, los expertos de Garrigues creen que "estos recortes no benefician a nadie y perjudican a quien hacía más aportaciones, y no se entienden si se quiere incentivar sistemas complementarios a las pensiones públicas".
Al margen de las diversas interpretaciones, el borrador de anteproyecto de ley anunciado el viernes tiene por delante un largo y complejo camino de debate y negociación que permite augurar que la ley del IRPF que finalmente entrará en vigor el 1 de enero del 2007 puede ser bastante diferente. La reforma tiene que encajar necesariamente con las cuentas de la financiación autonómica, ahora en negociación por el Estatut. Y la disparidad de criterios en fiscalidad de los grupos políticos que deben respaldar al texto en el Congreso hace prever un amplio número de enmiendas para contentar a unos y otros.
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