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Los inspectores fiscales alertan de que 'fragmentar' la Agencia Tributaria en dos, una catalana y otra del Estado en consorcio con la Generalitat, supondrá ineficacia, retrasos y empeorar el servicio ciudadano, alertó hoy la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE).
La ronda de negociaciones que el Gobierno central ha mantenido con los partidos sobre el modelo de financiación de Cataluña dentro del nuevo Estatut ha permitido avanzar en cuestiones como la relación bilateral Estado-Generalitat o la capacidad normativa, pero permanece bloqueada por la negativa del Ejecutivo a crear una única agencia tributaria con preeminencia de la Generalitat.
Sobre la mesa se plantea como alternativa una agencia dependiente de la Generalitat que gestione los tributos cedidos -como la tasa del juego, sucesiones o actos jurídicos documentados-, y otra estatal, que en parte estaría consorciada con la Generalitat, para gestionar los impuestos cedidos parcialmente -el 50% del IRPF, una parte del IVA minorista y un porcentaje de los especiales sobre carburantes, alcohol y tabaco-.
'Este modelo nos parece muy negativo, obligará a un mayor esfuerzo de coordinación y, aún actuando con la mejor intención, no será posible llegar a los niveles de eficacia actuales, no podremos hacer devoluciones del IPRF en una semana, como ahora, sino en meses', avisó hoy el representante de APIFE en Cataluña, Francisco de la Torre, en declaraciones a EFE.
De la Torre alertó además de que 'si bien se está hablando de ceder una parte de capacidad inspectora, la misma va a afectar sólo a los contribuyentes particulares porque el cuerpo de la inspección que sigue a las empresas va a seguir dependiendo directamente de Madrid, lo que lo complica todo más'.
Es decir, fuera de este consorcio con la Generalitat quedarían tanto la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (antigua ONI), una unidad de inspección de elite que en Cataluña suma 40 inspectores que controlan las empresas que facturan más de 100 millones de euros, y la Unidad Regional de Inspección (URI), que tutela a las empresas con un volumen de negocio de entre 6 y 100 millones de euros, que suma otros 50 efectivos de inspección en toda Cataluña.
Actualmente, la inspección no depende de la delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona, con sede en Plaza Letamendi, sino que está ubicada en la calle Bailén y depende directamente de Madrid.
En cambio, el consorcio entre el Estado y la Generalitat podría afectar al delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Joan Cano, que seguramente pasaría a ser un director general, y a las cuatro direcciones que dependen de él (Gestión y Liquidación, Inspección, Informática y Recaudación), aunque sólo en aquellos impuestos estatales cedidos en parte a la Generalitat.
Para De la Torre, 'este modelo sólo generará duplicidades y está obviando problemas técnicos de difícil solución, como, por ejemplo, cómo se define el IVA minorista'.
Advirtió también de 'la imposibilidad constitucional de que una Agencia Tributaria Catalana o consorciada pueda llevar a cabo ejecutivas de recaudación o inspección fuera del territorio catalán'.
'Esto reduciría de forma importante los resultados de la lucha contra el fraude porque, por ejemplo, un contribuyente catalán podría trasladar activos a Huesca para evitar que fuesen embargados por Hacienda', advierte De la Torre.
En la actualidad, las autonomías, como es el caso de Cataluña, reciben el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales, pero la gestión está centralizada en la Agencia Tributaria.
'No nos oponemos a la cesta de impuestos, nos da igual el 33% del IRPF que el 50%, lo que no queremos es fragmentar la Agencia Tributaria. Este modelo ya lo tienen en Alemania y allí están estudiando unificar las agencias tributarias para ganar eficacia en la gestión fiscal', dijo el responsable de APIFE en Cataluña.
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