Los Inspectores de Hacienda han elaborado un documento en el que analizan este anteproyecto, que se encuentra en fase de información pública, en el que señalan que la futura ley no mejora los procedimientos de inspección, actualmente 'ineficaces' en los fraudes 'más sofisticados, como los de tipo delictivo u organizado'.
También critican la ausencia de un compromiso de dotar a la Agencia Tributaria con más medios humanos y materiales para mejorar las labores de inspección y control.
La organización lamenta que inspectores y subinspectores dediquen la mayor parte del tiempo a 'tareas burocráticas', ante la ausencia de personal administrativo suficiente, en detrimento de los trabajos de investigación, y critican que el Gobierno no haya incluido el aumento de medios humanos y materiales ni en los Presupuestos Generales del Estado ni en el citado anteproyecto.
En cuanto a las medidas del anteproyecto, considera insuficientes las referidas a combatir el fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que según sus cálculos supone una pérdida de ingresos por este tributo de 4.000 millones de euros al año en España.
Creen, además, que la responsabilidad subsidiaria para quienes adquieran mercancías a estas tramas y se beneficien del impago del IVA es 'positiva pero insuficiente', porque la obligatoriedad de la previa declaración es 'inoperante' en cadenas de defraudación en las que pueden participar 'cientos de sociedades'.
Los inspectores tampoco auguran éxito en la lucha contra el fraude en los impuestos sobre matriculación, y aunque creen que con las nuevas medidas se puede evitar, recuerdan que no se impedirá otro fraude, el del IVA cuando se presenta la declaración meses después de matricular un vehículo.
Por otra parte, la organización ve 'a todas luces insuficientes' las medidas para evitar el fraude desde los paraísos fiscales, debido a que España puede firmar convenios con los territorios así calificados que se comprometan a intercambiar información fiscal, acuerdos 'muy limitados' que según los inspectores no permiten saber con detalle la actividad de los defraudadores.
La obligatoriedad de retención del tres por ciento en las facturas entre empresarios en régimen de módulos tampoco servirá, según este colectivo, para disuadir de la emisión de facturas falsas.
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