Los inspectores de Hacienda consideran que el proyecto de ley para la
prevención del fraude que prepara el Ministerio de Economía y Hacienda presenta, entre otros aspectos, «carencias importantes» y no
servirá para erradicar de forma «global y definitiva» la evasión de impuestos. De esta forma lo puso de manifiesto en la jornada de ayer
la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que, al mismo tiempo, hizo especial hincapié en que la iniciativa no
les aporta nuevos recursos humanos, técnicos y materiales.
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La organización estimó que el plan del Ejecutivo presenta algunos avances «parciales» en materia inmobiliaria y respecto a las tramas del impuesto del valor añadido (que privan cada año a las arcas públicas de alrededor de unos ingresos de cuatro mil millones de euros).
«Dudosa efectividad»
Sin embargo, indicó que otras medidas incluidas son de «dudosa efectividad», como por ejemplo la retención del 3% en las facturas entre empresarios que tributen en módulos.
El departamento que dirige Pedro Solbes espera aprobar el anteproyecto de ley, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública, a finales del próximo mes de febrero.
El colectivo de inspectores criticó que el Gobierno central no haya tenido en cuenta muchas de las cincuenta propuestas que le había trasladado, como la especialización de la Fiscalía y los Tribunales de Justicia en relación con los delitos económicos.
«Fraudes sofisticados»
El Ministerio de Economía y Hacienda, a su juicio, debería modificar el documento para mejorar la lucha contra los fraudes «más sofisticados», como los de tipo delictivo y las tramas organizadas. Además, los inspectores y subinspectores dedican, a su entender, demasiado tiempo a tareas «burocráticas» de las que deberían ocuparse otros trabajadores.
Los inspectores tampoco auguran éxito en la lucha contra el fraude en los impuestos sobre matriculación, y aunque creen que con las nuevas medidas se puede evitar, recuerdan que no se impedirá otro fraude, el del IVA cuando se presenta la declaración meses después de matricular un vehículo.
La asociación acusó al Ejecutivo de «olvidar» las reformas más necesarias, como la creación de una Policía específica y la redefinición del delito fiscal y de las sanciones.
Recomendó que se dote a la Agencia Tributaria de los medios legales necesarios para luchar contra los delitos fiscales y el blanqueo de dinero. Asimismo, apostó por regular la colaboración ciudadana en esta materia.
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