Nada lava más blanco que un billete premiado de la Lotería Nacional. Conscientes de tal poder blanqueador, empresarios con mucho dinero negro que pasar por la lavadora, y también miembros de organizaciones delictivas con dificultades para justificar el origen de sus millones suelen ver en los sorteos extraordinarios de Navidad y del Niño -como el que este viernes dejó unos 100 millones de euros en Las Torres de Cotillas- una oportunidad inmejorable de dar apariencia de legalidad a sus ingresos.
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LO QUE DICE LA LEY
Para el vendedor:Quien venda un billete de lotería premiado a cambio de una prima puede ser sancionado con más de la mitad del importe ganado. Así, una persona a quien le toque un premio de 300.000 euros y que venda el boleto por 330.000 euros, deberá pagar 175.000 euros.
Para el intermediario:La Ley 19/1993, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales -modificada por la Ley 19/2003- establece que los empleados de entidades bancarias, los auditores, contables externos, asesores fiscales, abogados y procuradores que actúen por cuenta de clientes en operaciones de pago de loterías tienen la obligación de no ocultar o encubrir el origen de los movimientos de billetes de banco por encima de los 80.500 euros, ni ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La multa puede ser del importe del billete premiado. |
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El objetivo es tan simple como éste: ante una eventual inspección por parte de Hacienda o una posible actuación por parte de las fuerzas de seguridad, quienes han hecho dinero en la economía sumergida o, más aún, mediante actividades delictivas, siempre podrán argumentar que el origen de su riqueza procede de un premio de la lotería. Y si en alguna ocasión han podido hacerse con uno o varios décimos premiados, a ver quién es el guapo que demuestra entonces que la suerte, siempre caprichosa, no les ha ido a sonreír precisamente a ellos.
En estas circunstancias, a nadie debe de extrañar que la búsqueda de billetes premiados y la compra de los mismos, pagando a sus propietarios hasta un 20% más de su valor real, se convierta en práctica habitual cada vez que un municipio se ve favorecido por una de estas inesperadas lluvias de dinero.
Pero para el fisco será difícil de demostrar la adquisición ilícita de décimos, pero no es, desde luego, un asunto desconocido. El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) ha alertado de que, con la llegada de los sorteos de Navidad y del Niño, «se ha vuelto a abrir la veda, entre los enemigos del fisco, para la compra de billetes premiados como medio para el lavado y blanqueo de capitales».
Denuncian estos especialistas que los interesados en sanear su dinero ofrecen «una prima que suele oscilar entre el 10% y el 20% por billetes de sorteos que están exentos de tributación». Y para ello, prosiguen, «cuentan normalmente, a cambio de un pellizco, con la colaboración de algunos empleados de entidades financieras, asesores y abogados, que actúan de esa forma sin ser conscientes de las posibles consecuencias que puede acarrearles».
En concreto, la operación puede significar «una auténtica trampa» para los dueños originarios del décimo premiado, «que difícilmente podrá acreditar ante una inspección el origen de esos fondos que ha ingresado». El resultado puede ser la apertura de un acta de inspección, cuya deuda y sanción finales sean de más de un 50% del importe ganado.
Fuertes sanciones
José María Mollinedo, vicepresidente de este colectivo de especialistas fiscales, pone el siguiente ejemplo: «Un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de unos 30.000 euros, que resulta agraciado con 330.000 euros y que vende su décimo a un defraudador por 330.000 euros, puede acabar pagando a Hacienda más de 175.000 euros, en el mejor de los casos».
En todos los casos, el mejor parado suele ser el defraudador, «que podrá acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos y blanquear así un dinero procedente de cualquier actividad delictiva». Un mal servicio a la sociedad, en suma, por parte del que vende, y un riesgo para sí mismo.
Los técnicos de Hacienda -un colectivo constituido por unos 8.000 funcionarios en toda España- consideran que estaría justificado que el Ministerio pusiese en marcha una campaña específica «para comprobar íntegramente que los detalles de los pagos de los premios corresponden a sus titulares originarios, así como para investigar la contratación de cajas de seguridad y el aumento de saldos bancarios».
El volumen de dinero que mueven estos sorteos es tan enorme que este dato, por sí sólo, ofrece una idea de las oportunidades que ofrecen los décimos de lotería para quienes pretenden hacer un uso ilícito de los mismos. Sólo el Gordo del sorteo de Navidad, que este año ha caído íntegramente en la localidad barcelonesa de Vic, ha dejado 510 millones de euros, más de 81.600 millones de pesetas. Más modestamente, el primer premio del Niño ha supuesto para el pueblo de Las Torres de Cotillas una descarga de cien millones de euros (16.600 millones de pesetas).
Los pescadores de boletos premiados tienen muy claro dónde deben echar la caña.
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