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Conscientes de la relevancia que tiene la red en los nuevos modelos de relación con el ciudadano, las Administraciones públicas están haciendo verdaderos progresos de mejora e impulsado planes con un fin básico: el acceso a la información de todos los ciudadanos. El propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha expresado públicamente que tiene como una de sus prioridades generalizar el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos económicos y sociales porque ello significará una importante mejora de la competitividad de la sociedad española.
Actualmente, ya podemos comprobar cómo en algunos aspectos nuestras relaciones con la Administración están empezando a cambiar gracias a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Ya existe la posibilidad de presentar declaraciones tributarias y de Seguridad Social por medios electrónicos. Desde el año 1999, por poner un ejemplo directo, podemos presentar nuestra declaración del IRPF a través de internet.
Las ventajas que esta facilidad de acceso a la actividad pública representa son evidentes: la actuación administrativa se hace más transparente, en cuanto el ciudadano puede acceder a numerosas resoluciones administrativas; más cómoda, en cuanto que puede acceder a dicha información y realizar algunas gestiones sin necesidad de desplazarse a las oficinas públicas, 24 horas al día, los 365 días del año, y también más igualitaria, ya que la información está disponible de la misma manera para todos los ciudadanos con independencia de donde vivan, en las grandes ciudades o en zonas rurales.
Y aunque estos esfuerzos y ejemplos son importantes y muy encomiables, lo cierto es que si atendemos a las cifras, aún queda mucho por hacer. Según el último informe publicado por la consultora TNS Intersearch, España se sitúa en el puesto número 17 de la clasificación mundial en el uso de la e-Administración.
Sin duda, estamos ante una profunda transformación de la Administración que llevará su tiempo hasta convertirse en una realidad plena. Y antes de que esto ocurra, son diversos los factores que habrá que tener en cuenta, pero hay uno que es fundamental para que pueda desplegarse un modelo global que nos haga avanzar hacia la consecución de una verdadera e-Administración: el uso de software basado en estándares abiertos por parte de las propias Administraciones públicas. Sin duda, es esencial la interoperabilidad de los servicios en los que intervengan las distintas Administraciones: piénsese en el portal único de la Administración, promovido por el Estado y por el que se pretende que pueda accederse a servicios de todas las Administraciones, incluso autonómicas o locales.
Para ello, es necesario adoptar sistemas abiertos e interoperables en todas las Administraciones. En primer lugar, para asegurar la compatibilidad de todos estos servicios entre sí. Y en segundo lugar, para que las empresas y los ciudadanos puedan conectarse sin la obligación de tener que contar con la tecnología de un fabricante concreto que ha instalado esos servicios de la Administración. Ni los derechos de los ciudadanos ni las obligaciones de éstos frente al Estado pueden hacerse depender del pago previo de licencias a fabricantes de tecnología propietaria.
En este sentido, deben imponerse los modelos tecnológicos sobre arquitectura abierta, basados en estándares y que permiten un juego limpio en el que no se contempla el monopolio de ningún proveedor como medio para llegar a eliminar, verdaderamente, la brecha digital.
Muchas Administraciones públicas de todo el mundo -China, Brasil, Japón, Corea, Alemania- y también españolas, como Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia o el propio Ministerio de Administraciones Públicas, ya han apostado claramente por el software basado en estándares abiertos como alternativa a modelos informáticos monopolísticos.
Se trata de que el poder intelectual no se encuentre en manos de una única entidad, sino que sea compartido por una comunidad de desarrolladores, con el fin de evolucionar de forma conjunta hacia modelos tecnológicos donde la posibilidad de elección no es una utopía, sino un hecho. Sólo gracias a la apuesta continua por la innovación y los estándares que lleguen a todos seremos capaces de hacer realidad una sociedad abierta, plural y segura.
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