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Estrella Económica - Economía 

31 de Diciembre de 2005  



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Las facturas entre empresarios tendrán una retención del 3% para evitar fraudes fiscales

Hacienda perseguirá el uso del dinero negro especialmente en la vivienda donde será obligatorio incluir la referencia catastral en los contratos de alquiler

Estrella Digital/ Agencias

Madrid

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que prevé una retención del tres por ciento en las facturas emitidas por determinados empresarios por los bienes y servicios prestados a otros con el fin de evitar las facturas falsas.

Esta es una de las más de treinta medidas normativas que incluye el proyecto de ley presentado ayer por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al Consejo de Ministros, y cuyo objetivo es incorporar instrumentos o medios para descubrir a los defraudadores que no declaran y a los que ocultan rentas o ingresos.

La mencionada ley, que completa las medidas organizativas y operativas del Plan de Prevención del Fraude aprobado el pasado febrero, persigue mejorar la investigación por parte de la Inspección y evitar la ocultación de rendimientos, mediante tramas de fraude o de paraísos fiscales.

Persecución del dinero negro en la vivienda

Así, para evitar el pago con dinero negro en la compra de inmuebles, la ley propone que las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyan los medios de pago utilizados y que se incluya la referencia catastral del inmueble.

También introduce la obligación de incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica con el fin de descubrir los alquileres no declarados.

El proyecto de ley también establece que la revocación del NIF impedirá acceder a los registros públicos y no se podrán hacer abonos o cargos en las cuentas, para impedir que sociedades ficticias actúen o participen en tramas de fraude.

Para combatir las tramas de fraude en el IVA, se introduce la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.

Además, se considerará residente en España a las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal cuando su actividad o activos principales estén en España, con el objetivo de evitar el fraude a través de paraísos fiscales.

Por otra parte, el depositario o gestor de bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente de personas o entidades residentes en paraísos fiscales será responsable de la deuda tributaria sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad.

Para evitar simulaciones de precios o pagos a través de operaciones vinculadas, la ley señala que la Administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente suficientemente el valor declarado, y, además, se adapta la normativa española a los métodos de valoración de la OCDE.

Más poder para Hacienda

Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

La matriculación de vehículos usados será examinada previamente por la administración tributaria para comprobar el valor declarado. Por último, se extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplen las órdenes de embargo, una responsabilidad que ya existe para el pago de la deuda.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, destacó que el Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal estará en la web del Ministerio de Economía y Hacienda a partir del lunes, para que pueda examinarlo todo aquel que esté interesado.

Asimismo, calificó de "bastante impresionantes" los resultados hasta el momento del Plan de Prevención del Fraude Fiscal que entró en vigor en febrero pasado.

Solbes confirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda llevará el próximo enero al Consejo de Ministros las reformas impositivas que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a la "primera parte" del Impuesto de Sociedades.

El vicepresidente afirmó que los cambios en el Impuesto de Sociedades se harán "en dos fases, la primera afectará a los tipos y la segunda a la adecuación a las nuevas normas contables, como consecuencia de la introducción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en España". El vicepresidente subrayó que más adelante se discutirá todo lo relativo a temas medioambientales, aunque matizó que esto "requerirá más tiempo".



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