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Un informe de la revista Consumer, editada por el Grupo Eroski, asegura que seis de cada diez inmobiliarias aceptan pagos en dinero negro en las transacciones en las que intervienen. Sobre esta cuestión, todo el mundo ha oído campanas y sabe que, bien por iniciativa del comprador o bien por iniciativa del vendedor de una vivienda, es práctica habitual que una parte de la operación se haga con opacidad fiscal. Hacienda, que ha escuchado las mismas campanas y que es el principal perjudicado por esta ya casi tradición del mercado inmobiliario, ha puesto la lupa encima y quiere sacar adelante una ley para aflorar cada euro esquivo, que muy probablemente recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros hoy mismo. Y es que el superávit fiscal de este año sería bien diferente si todos los contribuyentes confesasen ante el recaudador sus pecados veniales. Es por ello que el Gobierno debe persistir en su lucha contra esta nefasta práctica.
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