Montoro afirma que el Ejecutivo ha cambiado por lo menos tres veces de criterio en materia fiscal y otras tantas de calendario, de manera que, en su opinión, los agentes económicos no pueden contar con la reforma fiscal en sus previsiones. En cambio, asegura que el Gobierno incrementa la fiscalidad de los impuestos especiales y anuncia nuevos impuestos ecológicos y una 'reforma fiscal verde'. "Esperemos que esta reforma no esté tan verde como otras decisiones del Gobierno", apunta Montoro en el artículo.

Además, el ex ministro atribuye la buena marcha de los ingresos impositivos en el 2005 a la elasticidad de los impuestos derivados de las reformas tributarias que él mismo acometió en las anteriores legislaturas, a la propia fortaleza de las importaciones y al efecto de la mayor inflación.

En este sentido, considera que la deflactación de la tarifa del IRPF en el 2006 de acuerdo con el objetivo del 2% de inflación (supondrá un ahorro para los contribuyentes de 200 millones) no es suficiente y no recoge de forma adecuada el efecto del aumento de los precios sobre la carga tributaria de las familias. Pese a las críticas del dirigente popular, aunque sí hubo rebajas del IRPF durante su mandato en Hacienda, esta medida concreta, sin embargo, no se adoptó ninguno de los años en los que el propio Montoro fue ministro de Hacienda y constituyó una de las principales críticas del PSOE en materia fiscal.

"Ocultación" del gasto

Junto con las consideraciones sobre fiscalidad, Montoro dedica parte de su artículo a criticar algunos aspectos de los Presupuestos del 2006, acusando al Gobierno de utilizar "numerosos artificios de ocultación" del gasto. A modo de ejemplo, destaca el uso del Sistema de Abono Total del Precio a un nivel muy elevado o la creación de nuevas sociedades estatales, como la Sociedad de Infraestructuras de Transporte Terrestre, con el fin de que sus actuaciones no tengan impacto en el déficit.

Montoro censura también el aumento del 24,4% del capítulo de activos financieros, donde se concentra la política de infraestructuras, las aportaciones de capital a empresas públicas y los préstamos para la I+D+i, muchas de cuyas partidas no computan en el déficit público. "Es significativo que el capítulo que más se incrementa sea el de activos financieros, tan criticado y denostado por el PSOE en la oposición como instrumento de ocultación del déficit y de falta de transparencia de los gobiernos del PP", subraya.

Elevar el superávit al 2% en el 2006

En cuanto a la ejecución presupuestaria, Montoro, que aunque llevó el déficit público a casi cero en su mandato en Hacienda, nunca logró alcanzar el superávit, asegura que ahora sí es necesario aumentar el excedente hasta el 1,5 o incluso el 2% el año que viene (la previsión oficial es del 0,2%), mediante una mayor contención del gasto público lo que, a su vez, contribuiría a mejorar el ahorro de las familias y de las pymes.

"Una política presupuestaria de mayor rigor, que facilite la reducción de impuestos, es necesaria en previsión de futuras subidas de tipos de interés adicionales en un contexto de elevado endeudamiento", reitera Montoro, que critica la reforma de la Ley de Estabilidad por considerar que "abre grietas" a la expansión del déficit público y "debilita" la capacidad de los Presupuestos para contribuir al crecimiento económico.

El Estatut y el "desmantelamiento" del Estado

El responsable de las finanzas públicas en el último Gobierno del PP dedica los últimos párrafos de su artículo a advertir de los riesgos del nuevo Estatuto de Cataluña. En su opinión, "propugna la injerencia generalizada" de los poderes públicos y pretende el "desmantelamiento" del Estado y la "ruptura" de la unidad de mercado, al tiempo que "daña" la capacidad de crecimiento y la cohesión social.

Montoro asegura que el sistema de financiación que propone el Estatuto "desmonta" la Hacienda del Estado en Cataluña y "amenaza" con su "eliminación completa" cuando las demás comunidades reclamen la misma capacidad para recaudar y las mismas competencias exclusivas en las políticas de gasto. "El fraccionamiento financiero del Estado, añadido al fraccionamiento político, impediría la función reguladora y estabilizadora del Estado en el campo económico y dificultaría extraordinariamente la solidaridad con las regiones que la necesitan", afirma.