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FINANZAS.COM - ECONOMÍA   

21 de Diciembre de 2005    


Hacienda estudiará la denuncia por las vacaciones fiscales vascas y decidirá posibles alegaciones

EUROPA PRESS / MADRID

El Ministerio de Economía y Hacienda estudiará la denuncia a España por parte de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no recuperar las ayudas ilegales concedidas por las vacaciones fiscales vascas, y decidirá en su momento si presenta o no alegaciones, indicaron a Europa Press en fuentes de este departamento.


Las mismas fuentes indicaron que, en cualquier caso, la notificación formal de este anuncio realizado hoy por la Comisión aún no ha llegado al Gobierno español, que cuando tenga confirmación de dicha denuncia, estudiará la misma y decidirá en consecuencia.

En cualquier caso, el departamento de Pedro Solbes recuerda que fueron las diputaciones forales vascas quienes concedieron esas subvenciones, consideradas ilegales por la Comisión, y que, por tanto, si así se decide, corresponde a ellas devolver las ayudas concedidas.

La Comisión Europea decidió hoy denunciar a España ante el TUE por no recuperar las ayudas a las empresas concedidas de forma ilegal gracias a las vacaciones fiscales vascas que estuvieron en vigor entre 1993 y 1995, a pesar de que así se lo había ordenado el Ejecutivo comunitario hace cuatro años.

"Tengo la intención de ser muy estricta con los Estados miembros que no ejecutan las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado. Este enfoque es indispensable para asegurar la credibilidad de la política que llevamos a cabo en este dominio", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

El 20 de diciembre de 2001, la Comisión ordenó a España desmantelar tres regímenes de ayudas fiscales aplicados en las tres provincias vascas y recuperar las subvenciones ya concedidas mediante este sistema.

Los tres regimenes preveían exonerar a las empresas de creación reciente del pago del impuesto de sociedades durante 10 años. El Ejecutivo comunitario ha concluido que la ayuda concedida en la aplicación de este sistema era ilegal e incompatible con el Tratado porque constituía una ayuda al funcionamiento que el País Vasco no está autorizado a conceder.

En virtud de la legislación comunitaria, las autoridades españolas estaban obligadas a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución inmediata y efectiva de estas decisiones. Asimismo, deberían haber notificado a la Comisión las acciones emprendidas para llevarlos a cabo.

Cuatro años después de la adopción de las tres decisiones, Bruselas no tiene ningún indicio de que España haya tomado medidas concretas para suprimir los tres regímenes fiscales o para recuperar las ayudas ilegales e incompatibles que ya se han concedido. Desde 2002, las autoridades españolas ya no responden a las peticiones de información de la Comisión y por ello ésta ha concluido que no han tomado las medidas necesarias.



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