Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Fernández Ordóñez indicó que la rebaja de cinco puntos del impuesto (hasta el 30% para las grandes empresas y hasta el 25% para las pymes) costará a la Hacienda Pública 4.000 millones de euros, mientras que la eliminación de parte de las deducciones tendría un coste aproximado de unos 1.600 millones, con lo que el ahorro final para las empresas sería de 2.400 millones.
"La reforma no supondrá para las empresas lo comido por lo servido, ya que habrá una pérdida de recaudación neta importante", subrayó Fernández Ordóñez, tras admitir que habrá algunas empresas grandes que se benefician de la mayor parte de las deducciones y que, tal vez, no noten dicho recorte. No obstante, aseguró que al 99% de las sociedades les afectará la rebaja "significativamente".
Antes de acometer la rebaja del Impuesto sobre Sociedades, el Gobierno enviará al Parlamento en 2006 la reforma del IRPF, que pretende, según dijo Fernández Ordóñez, simplificar el impuesto, mejorar la fiscalidad de las rentas del trabajo, introducir más equidad y favorecer a las rentas medias en la inversión en planes de pensiones. Además, reiteró que se mantendrán, "con algún cambio técnico", las actuales deducciones por vivienda habitual.
Junto con ambas reformas, el responsable de Hacienda apuntó que se crearán impuestos medioambientales para hacer efectivo el principio de "quien contamina paga" y para conseguir una "mayor racionalidad" en el consumo de determinadas materias primas.
AUMENTOS EN LA IMPOSICION ENERGETICA
En concreto, adelantó que parte de esta imposición estará relacionada con la fiscalidad energética, por lo que afirmó que dichos impuestos no se crearán hasta más adelante, ya que en este momento, con el continuo encarecimiento del precio del crudo, no es oportuno acometer una subida del impuesto que grava su consumo.
Dicho esto, afirmó que el Gobierno no es partidario de acometer rebajas fiscales de gran cuantía, sino que más bien apuesta por recortes "moderados", debido a que la situación económica puede empeorar en los próximos años y es preciso contar con un colchón presupuestario.
Pese a ello, indicó que existe un cierto margen para acometer rebajas en IRPF y Sociedades, aunque dijo que es importante "no embriagarse" porque la mejora de la recaudación impositiva de estos años es "coyuntural" y, en parte, está relacionada con el 'boom' inmobiliario.
FRAUDE FISCAL
Preguntado por las críticas que la Organización de Inspectores de Hacienda ha realizado sobre el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, aseguró que en la elaboración de dicho plan han participado los inspectores y que Hacienda ha incluido en el mismo el 80% de sus propuestas. Por ello, pidió no mezclar las reclamaciones laborales con el tema del fraude.
Asimismo, destacó que los resultados del plan están siendo "francamente buenos" y que el pago voluntario también se está comportando de forma "extraordinaria". "Hay una parte del incremento de los ingresos impositivos que sólo se puede explicar por el cumplimiento voluntario de los contribuyentes", insistió.
LEY DEL FRAUDE ANTES DE FIN DE AÑO
En esta misma línea, adelantó que Hacienda enviará al Congreso la Ley de Prevención del Fraude Fiscal antes de que acabe el año para recoger en esta norma las medidas del plan que necesitan un desarrollo normativo, como la nueva retención de los profesionales que tributan en módulos.
Respecto a la creación de agencias tributarias de ámbito autonómico, indicó que la agencia estatal se mantendrá para seguir gestionando los impuestos estatales, pero que es posible la creación de agencias autonómicas para la gestión de los impuestos propiamente autonómicos, así como la firma de consorcios para gestionar los impuestos compartidos.
Finalmente, sobre la ejecución presupuestaria, volvió a reiterar que el Estado cerrará este año sus cuentas en superávit y que tendría que suceder una "catástrofe" para que no se consiguiera, aunque explicó que el superávit hasta octubre (2,23% del PIB) se reducirá debido a que en los dos últimos meses del año está previsto un gasto de 26.000 millones de euros.
Por su parte, el portavoz del PP en esta Comisión, Francisco Utrera, puso de relieve la "ceremonia de confusión" y las "permanentes contradicciones" de miembros del Gobierno sobre la reforma fiscal, destacó que el Plan de Prevención no está obteniendo los resultados deseados y pidió a Fernández Ordóñez que no permita la descentralización de la AEAT porque sería "inadecuado e ineficiente".
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