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GACETA - ECONOMÍA   

12 de Diciembre de 2005    


El Gobierno prepara un Estatuto del Empleado Público para 2006

Se suavizarán las oposiciones y los cinco grupos de funcionarios se agruparán en tres

Cristina Pascual / MADRID

El Gobierno trabaja en la elaboración de un Estatuto para el Empleado Público, que verá la luz en 2006. La norma, que está en fase de borrador, regulará la forma de acceder a la función pública en consonancia con Bolonia.


Según el borrador del estatuto, que está incluido en el Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administración aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, los cinco grupos de funcionarios del Estado (grupo A, grupo B, grupo de administrativos, subalternos y ordenanzas) pasarán a agruparse en tres, lo que según José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, agrupación que reúne a los técnicos de Hacienda, “mejorará la permeabilidad y flexibilizará la manera de acceder a la función pública”.

El Estatuto para el Empleado Público es totalmente revolucionario, ya que no prima como hasta ahora las pruebas memorísticas, sino la adaptación al puesto de trabajo del empleado. Además, se suavizarán los exámenes del acceso a la función pública.

El calendario de este Estatuto va bastante avanzado, ya que el borrador de anteproyecto de ley ha pasado ya a consulta a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias y se prevé que en enero pase al Consejo de Ministros para que lo remita a Las Cortes.

Limite de funciones

Por su parte, los técnicos de Hacienda han llegado al acuerdo de limitarse a cumplir sus funciones y no asumir aquéllas que corresponden al cuerpo superior de inspectores de Hacienda. Esta fue una de las conclusiones que se desprendieron del VI Congreso de Técnicos de Hacienda clausurado el pasado día 2 de diciembre.

Esta limitación de las funciones de los técnicos de Hacienda puede provocar la caducidad de los procedimientos sancionadores como consecuencia de las inspecciones, ya que según Mollinedo, hasta ahora había 2.000 técnicos que llevaban a cabo inspecciones y ahora no pueden sancionar y, sin embargo, sólo hay 400 inspectores de Hacienda en el área de inspección. Esta situación supone que habrá 1.600 personas menos en el área de inspección, lo que dilatará, sin duda, todos los procedimientos que dependen de este departamento. De hecho, los técnicos descubrieron a finales de octubre un agujero en empresas que no han sido inspeccionadas. Han detectado que el 95,85% de las empresas asentadas en España que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros (un total de 57.700 sociedades aproximadamente) escapan actualmente al plan de lucha contra el fraude que está dirigiendo la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Gestha explica que las empresas que se encuentran en este tramo de facturación son las que tienen “mayores probabilidades” de escapar al control fiscal, puesto que en la mayoría de los casos sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, tener empleadas a menos de 50 trabajadores o contar con un activo no superior a los 2,3 millones de euros.

Asimismo, añade que el riesgo de fraude fiscal en las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros es mayor, debido al “insuficiente” número de inspectores de Hacienda dedicados a estas tareas de comprobación en el área de inspección.

En este sentido, Gestha denuncia que la Agencia Tributaria ha destinado la mayor parte del cuerpo de inspectores a la comprobación de empresas que facturan más de 6 millones de euros (en las unidades Regionales y Nacionales), dejando poco más de 200 inspectores en estas unidades y equipos encargados de la inspección de aquellas sociedades con un volumen de negocio inferior a los 6 millones de euros.

Los Técnicos de Hacienda estiman que si la Agencia Tributaria quisiera comprobar todas las sociedades con una facturación comprendida en este tramo de entre 1,8 y 6 millones, tardaría una media de 24 años a nivel nacional, que se elevaría hasta los 64 años en La Rioja o superaría los 40 años en las regiones de Aragón y Murcia, como consecuencia de la desestructurada distribución autonómica de los funcionarios (inspectores).

Pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? desde 2001 los técnicos de Hacienda habían reivindicado al Gobierno que la oposición a técnico de Hacienda pasara del grupo B al grupo A y así estuvieran al mismo nivel que los inspectores de Hacienda, ya que los técnicos consideran que llevaban a cabo funciones de un cuerpo superior al suyo y no se limitaban a tramitar expedientes, que es lo propio del grupo B.

Ante esta situación, la Agencia Tributaria decidió el pasado mes de octubre limitar las funciones de los técnicos de Hacienda a las que realmente le corresponden y así no tener que encajar este cuerpo del Estado dentro del grupo A.

Ley de Agencias Públicas

Asimismo, en pro de una Administración moderna y racional, los Técnicos de Hacienda apoyan la propuesta de que la futura Ley de Agencias Públicas permita la creación de 17 agencias autonómicas consorciadas con la estatal, que serán responsables de la gestión de los impuestos en cada comunidad autónoma, respetando las respectivas potestades legislativas del Estado y de las Comunidades autónomas y las normativas de las Corporaciones Municipales.

Gestha aboga por la creación de 17 Consorcios Tributarios basados en el “principio de cogobernanza”, donde las tres administraciones tributarias implicadas participen en los órganos de gobierno, definición de objetivos y evaluación de resultados.

Además, así se permitirá centralizar en una única base de datos toda la información fiscal, mejorando la gestión de los tributos y favoreciendo el control del fraude. Finalmente, considera que el consorcio de las tres Administraciones Públicas agilizará los procedimientos tributarios, simplificará los trámites administrativos y reducirá el gasto público global. Así, los contribuyentes se beneficiarán de las ventajas de oficinas únicas de atención al público.



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